Defender a un inmigrante en Estados Unidos puede ser un proceso complicado para un abogado de inmigración. Conoce sus desafíos aquí.
Únete a nuestro canal de WhatsAppLa crisis migratoria ha disparado los procesos de deportación, afectando a miles de inmigrantes en situación irregular. Ante este escenario, los abogados especializados en inmigración enfrentan varios obstáculos que dificultan la defensa de sus clientes.
A continuación, analizamos las barreras más significativas que tanto los abogados como los inmigrantes deben superar en Estados Unidos.
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Según las palabras emitidas por el abogado especializado en inmigración Andrew Lattarulo a RPP, los profesionales cuya función se centra en defender a inmigrantes tienen que lidiar con una serie de desafíos, desde trámites administrativos hasta la escasez de tiempo y recursos para poder defender adecuadamente a sus clientes.
Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan los abogados, según Lattarulo, es el traslado rápido de los inmigrantes detenidos a centros de detención lejanos, en muchas ocasiones cerca de la frontera con México. Estos traslados suelen ocurrir a solo unos días del arresto, lo que reduce el tiempo disponible para preparar una defensa adecuada.
Además, muchos de estos centros están ubicados en zonas remotas, lo que hace que la comunicación entre los detenidos y sus abogados sea mucho más difícil. La falta de acceso a pruebas y la imposibilidad de presentar apelaciones a tiempo agravan aún más la situación, impidiendo que muchos inmigrantes ejerzan su derecho a una defensa justa.
Con base en el testimonio de Lattauro, el costo de la defensa legal se ha convertido en una barrera significativa para los inmigrantes que luchan contra la deportación. En ciudades como Boston, los honorarios de los abogados pueden variar entre 4,000 y 8,000 dólares solo por solicitar una fianza.
Sin embargo, aunque algunos inmigrantes logren reunir ese dinero, muchas veces no tienen los recursos para cubrir el monto de la fianza, que puede superar los 25,000 dólares, dependiendo de las decisiones de los jueces de inmigración. Esta situación deja a los inmigrantes más vulnerables, ya que la falta de recursos económicos se traduce en mayores dificultades para evitar la deportación.
El sistema, según organizaciones de derechos civiles, favorece a aquellos que tienen los medios para pagar una defensa, mientras que las personas con bajos ingresos se enfrentan a una lucha casi imposible.