Texas propone la ley SB 1205, que modificaría el acceso a la educación para estudiantes indocumentados, exigiendo matrícula en lugar de financiación estatal.
En Texas, la legislatura está promoviendo un proyecto de ley que podría alterar significativamente el acceso a la educación para las familias de inmigrantes indocumentados. La propuesta, conocida como SB 1205, busca cambiar la forma en que los distritos escolares financian la educación de los estudiantes sin estatus migratorio legal. Esta ley obligaría a las escuelas a no utilizar fondos estatales para educar a los estudiantes indocumentados, sino que les cobrarían una matrícula basada en el costo promedio de la educación en cada distrito.
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La medida también requeriría que los distritos escolares documentaran y reportaran el estatus migratorio de sus estudiantes a las autoridades estatales. De no cumplir con esta directiva, las escuelas se verían privadas de los fondos estatales, lo que podría poner en riesgo la educación de miles de niños y jóvenes.
El proyecto de ley ha sido propuesto por el senador Bob Hall y aún se encuentra en las primeras etapas del proceso legislativo. La legislación tendría como fecha de implementación el 1 de septiembre de 2025, pero aún necesita ser aprobada por el Comité del Senado y, posteriormente, por el gobernador.
La propuesta ha generado una gran controversia en el estado. Los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que esta ley sería una violación de los derechos educativos de los niños y jóvenes indocumentados, quienes, según ellos, deberían tener acceso a la educación pública sin importar su estatus migratorio.
Además, subrayan que este tipo de medidas podrían aumentar la desigualdad y dificultar la integración de estas familias en la sociedad texana. Según los defensores, el derecho a la educación fue garantizado en el fallo Plyler vs. Doe de 1982, en el que la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó que los estados no podían negar la educación básica a los niños indocumentados.
Por otro lado, los partidarios de la ley sostienen que el actual sistema de educación está financiando de manera innecesaria a los estudiantes indocumentados, lo que consideran un gasto injusto para los ciudadanos estadounidenses. El senador Hall ha argumentado que esta propuesta busca frenar la inmigración ilegal y evitar que los recursos estatales se destinen a aquellos que no tienen derecho a recibirlos. Asegura que las familias que no cumplen con los requisitos legales no deberían beneficiarse del financiamiento estatal para la educación.
