La nueva medida de Seguridad Nacional de Estados Unidos contra más de 700 mil inmigrantes indocumentados
Esta solicitud suscita preocupaciones sobre la privacidad de los contribuyentes, pues la ley prohíbe al IRS revelar información sin su autorización.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos está realizando una solicitud formal al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para obtener información detallada sobre aproximadamente 700.000 personas que se cree son inmigrantes indocumentados. Esta petición abarca datos sensibles, como direcciones de residencia, números de teléfono y correos electrónicos de los individuos mencionados.
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Esta solicitud ha generado preocupaciones sobre la privacidad de los contribuyentes, ya que la ley federal prohíbe al IRS compartir información personal con otras agencias gubernamentales sin el consentimiento explícito de los individuos. A pesar de que el IRS inicialmente rechazó la solicitud, se ha informado que el nuevo comisionado interino de la agencia está evaluando cómo podría cumplir con esta demanda.
La nueva medida de Seguridad Nacional de Estados Unidos contra inmigrantes indocumentados
El caso ha encendido un debate sobre la seguridad de los datos fiscales y la posibilidad de que el IRS facilite información a otras agencias, lo que podría ser utilizado en operaciones migratorias. Mientras tanto, esta solicitud se produce en un contexto político tenso, ya que el presidente Donald Trump ha firmado recientemente una orden ejecutiva que establece el inglés como el idioma oficial de Estados Unidos.
Los opositores de la orden consideran que es un paso hacia la exclusión de comunidades hispanohablantes en el país.
Esta medida se sigue de cerca, especialmente después de que el Gobierno retirara la versión en español del sitio web oficial de la Casa Blanca, lo que fue percibido como una señal de su postura frente a las lenguas extranjeras en el país.
La medida del gobierno de Trump ha generado reacciones mixtas. Los opositores de la orden consideran que es un paso hacia la exclusión de comunidades hispanohablantes en el país, mientras que los defensores afirman que es una forma de unificar el país bajo un solo idioma.
A nivel legislativo, estas acciones en conjunto reflejan una creciente presión sobre los inmigrantes y las políticas que buscan restringir la inmigración irregular, lo que ha sido un tema central de la administración actual.
