Esta ciudad de Florida desafía a Ron DeSantis y rechaza colaborar con el ICE en operativos migratorios
South Miami decidió no colaborar con ICE, a pesar de la presión ejercida por el gobernador en relación con el programa 287(g) de la agencia federal.
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En un contexto de aumento en los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promovió una mayor colaboración con esta agencia mediante la implementación del programa 287(g). Sin embargo, la ciudad de South Miami, situada en el condado de Miami-Dade, expresó su rechazo a la medida y presentó una impugnación ante los tribunales.
En febrero, el gobernador Ron DeSantis anunció la ampliación del programa 287(g) mediante la firma de convenios con más de 20 oficinas del sheriff en todo el estado. Esta acción estableció la obligación para las agencias policiales locales de Florida de cooperar con el ICE, lo que facilitaría la agilización de los procesos de deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
¿Qué ciudad de Florida rechaza colaborar con ICE, desafiando a Ron DeSantis?
De acuerdo con El Nuevo Herald, la ciudad de South Miami presentó una demanda ante un tribunal estatal con el objetivo de que se determine si está legalmente obligada a integrarse al programa 287(g). La administración local argumentó que las presiones ejercidas por el gobernador Ron DeSantis y sus representantes buscan imponer la firma del acuerdo a los municipios, pese a que la legislación establece que solo las agencias a nivel de condado encargadas de la administración de cárceles deben participar.
“El gobernador DeSantis y el fiscal general Uthmeier han amenazado con aplicar medidas coercitivas contra municipios y funcionarios municipales para forzar la firma de los acuerdos 287(g)”, señalaron las autoridades locales.
En el documento judicial, South Miami explicó que ya colabora con las agencias federales de inmigración, y que adherirse formalmente al programa podría interferir con otras funciones policiales. También advirtió que esto podría generar consecuencias legales y operativas para la ciudad.
Además, los funcionarios indicaron que, aunque la legislatura estatal pudo haber impuesto la obligación de firmar estos acuerdos, optó por no hacerlo. En su interpretación, la normativa federal define los acuerdos 287(g) como voluntarios, y no son un requisito indispensable para la cooperación o el intercambio de información con ICE. La resolución judicial será clave para establecer si los gobiernos locales están legalmente obligados a firmar estos convenios o si pueden negarse sin exponerse a represalias por parte del estado.
Florida y los acuerdos de colaboración con el ICE
El estado de Florida formalizó acuerdos de colaboración con el ICE a través del programa 287(g), el cual faculta a las fuerzas del orden locales para desempeñar funciones similares a las de agentes migratorios. Bajo este convenio, los oficiales estatales están autorizados a interrogar, arrestar y trasladar a personas sospechosas de encontrarse en Estados Unidos sin la documentación correspondiente. Asimismo, se les otorga la capacidad de emitir órdenes de detención migratoria.
Esta política, promovida por el gobernador Ron DeSantis y respaldada previamente por la administración del presidente Donald Trump, incluye la firma de acuerdos con distintas agencias estatales como la Patrulla de Carreteras, el Departamento de Leyes Agrícolas y la Guardia Estatal. El propósito es capacitar a oficiales estatales para que asuman responsabilidades en materia migratoria.
En febrero, DeSantis anunció la ampliación del programa mediante la firma de convenios con más de 20 oficinas del sheriff en todo el estado, lo que estableció la cooperación obligatoria de las agencias policiales locales con el ICE. Esta acción busca acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La rápida implementación del programa ha generado controversia en distintas ciudades de Florida. Un ejemplo es el Departamento de Policía de Fort Myers, que inicialmente votó en contra de unirse al programa. No obstante, tras advertencias del fiscal general del estado, James Uthmeier, sobre posibles sanciones, la decisión fue revertida y el gobierno local accedió a firmar el acuerdo.
