¡Malas noticias para DeSantis! La reciente ley que afectaría a los migrantes en Florida podría ser bloqueada

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, conocido por sus posturas firmes contra la inmigración ilegal, está involucrado por una nueva batalla legal que podría frenar una de sus leyes más controvertidas. La ley en cuestión se encuentra ahora bajo el escrutinio de los tribunales, donde grupos como la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) luchan por bloquearla, argumentando que viola la Constitución de los Estados Unidos.

Diversas opiniones afirman que la ley firmada por DeSantis en febrero pone en riesgo la seguridad de los inmigrantes que están en medio de procesos legales, como solicitudes de asilo o regularización migratoria. DeSantis, quien es una figura clave en el movimiento conservador en Estados Unidos, defendió su ley como una medida para proteger la seguridad pública, pero ahora enfrenta la posibilidad de que la justicia lo detenga.

La ley SB 4C es una legislación que le otorga a las fuerzas policiales locales de Florida la autoridad para arrestar a personas sospechosas de ingresar al país de manera ilegal. Firmada en febrero de 2025 por Ron DeSantis, la ley fue promovida como una forma de fortalecer la seguridad en el estado y de hacer frente a lo que DeSantis considera un problema grave: la inmigración irregular.

Sin embargo, este enfoque fue duramente criticado, no solo por organizaciones de derechos humanos, sino también por legisladores que consideran que podría afectar a personas que, aunque no son ciudadanos, están en medio de trámites legales. Además, la ley obliga a los agentes locales a realizar evaluaciones migratorias complejas, para las cuales no están capacitados, lo que genera más incertidumbre y riesgo para las personas afectadas.

La principal razón por la que la ley SB 4C podría ser bloqueada es que, según sus opositores, infringe la Constitución de Estados Unidos, específicamente la Cláusula de Supremacía. Esta cláusula establece que las leyes federales prevalecen sobre las estatales, lo que significa que solo las autoridades federales, como el ICE, deberían tener la autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias.

Además, la ley no contempla excepciones para aquellos inmigrantes que están en procesos legales de regularización, como aquellos que solicitan asilo o visados humanitarios. Esto podría penalizar a personas que están haciendo esfuerzos por regularizar su situación, lo que podría generar consecuencias graves para los migrantes que se encuentran en medio de procedimientos legales.

Por estas razones, las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes están luchando por bloquear la implementación de la ley, y un fallo judicial podría poner un freno a las políticas de inmigración estrictas de DeSantis. Esta batalla no solo tiene implicaciones para Florida, sino que también podría servir como un referente para otros estados que buscan implementar leyes similares.