La Corte Suprema de EE. UU. ha fijado una fecha en la que se presentarán los argumentos sobre la iniciativa de Trump, que pretende abolir la ciudadanía.
Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que llevará a cabo audiencias para evaluar los argumentos presentados por el presidente Donald Trump, quien ha propuesto un plan que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para la mayoría de los individuos. No obstante, decidió posponer la solicitud de la administración, la cual habría facilitado la implementación inmediata de esta medida.
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Mediante información de los medios internacionales, tales como 'Diario Las Américas', 'CNN', se conoció que la Corte Suprema de Estados Unidos ha programado para el 15 de mayo una audiencia relacionada con el decreto de Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento en el país americano.
La administración Trump solicitó al máximo tribunal que interviniera en este conflicto legal el pasado 13 de marzo, pidiendo la suspensión de las decisiones de tribunales inferiores que han bloqueado la medida.
El decreto, firmado por Trump el 20 de enero, pretende poner fin a la ciudadanía automática para los hijos de migrantes que se encuentren en Estados Unidos de manera ilegal. Sin embargo, esta disposición ha sido detenida por tres tribunales de distrito a nivel nacional, y los tribunales de apelaciones han mantenido esos fallos. Ahora, la Corte Suprema se prepara para abordar este asunto.
Además, el tribunal otorgó un plazo de tres semanas a las partes involucradas para presentar sus argumentos, mientras que este jueves 17 de abril desestimó la solicitud del gobierno para suspender las decisiones de las cortes de apelación federales.
El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento, consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ha sido fundamental durante más de 150 años, asegurando que cualquier persona nacida en el territorio estadounidense adquiera automáticamente la ciudadanía.
No obstante, la actual administración ha puesto en tela de juicio esta interpretación, argumentando que los hijos de inmigrantes indocumentados no están "sujetos a la jurisdicción" del país, lo que podría llevar a la negación de su derecho a la ciudadanía. El decreto de Trump enfrentó múltiples desafíos legales, resultando en su suspensión a nivel nacional.
