¡Última hora! Abogados del régimen de Maduro piden la liberación de 238 venezolanos deportados de Estados Unidos
Abogados del régimen de Nicolás Maduro presentaron un hábeas corpus en El Salvador para liberar a 238 venezolanos detenidos en el CECOT.
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Un grupo de abogados contratados por el régimen de Nicolás Maduro ha presentado un hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador para pedir la liberación de 238 venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Abogados del régimen de Maduro piden la liberación de 238 venezolanos
Según el abogado Jaime Ortega, quien representa a 30 de estos detenidos, los venezolanos fueron capturados por su estatus migratorio y no por pertenecer al Tren de Aragua, como lo han afirmado las autoridades de Estados Unidos y El Salvador. Ortega aseguró que ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales.
El abogado argumentó que las detenciones son ilegales, ya que los venezolanos no enfrentan cargos penales en ninguno de los países involucrados. Asimismo, destacó que muchos detenidos estaban en proceso de solicitar asilo en Estados Unidos antes de ser deportados. En el hábeas corpus, los abogados exigen la libertad de los detenidos o, en su defecto, que sean enviados de regreso a Venezuela.
El abogado argumentó que las detenciones son ilegales, ya que los venezolanos no enfrentan cargos penales en ninguno de los países involucrados.
El gobierno de El Salvador y las autoridades estadounidenses han identificado a los detenidos como miembros de la banda criminal Tren de Aragua. El presidente Nayib Bukele, por su parte, confirmó que El Salvador recibió a los 238 deportados de Estados Unidos como parte de un acuerdo que incluyó a otros pandilleros, con un costo de $6 millones anuales para el país centroamericano.
El caso ha generado controversia, pues la Asamblea Legislativa salvadoreña ha señalado que no se siguió gracias al proceso constitucional para aceptar a los detenidos, generando críticas sobre la legalidad de este acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador. Los abogados defensores insisten en que sus clientes deben ser liberados, subrayando que no hay pruebas de su vinculación con actividades criminales.
