¡Trump vs Harvard en la corte! Ya hay fecha para la disputa por el congelamiento de financiación
Harvard alega que la medida tomada por la administración Trump fue una represalia política por sus políticas de inclusión y diversidad en medio de tensiones.
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La disputa legal entre Donald Trump y la Universidad de Harvard tiene ahora un día marcado en el calendario judicial. Un tribunal federal fijó para el 15 de mayo la audiencia inicial del caso en el que la universidad demanda al mandatario por congelar los fondos federales como represalia por sus políticas de inclusión y diversidad, especialmente en medio de tensiones por el uso de criterios raciales en admisiones.
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Harvard sostiene que fue objeto de una represalia política, denominándolo como "arbitraria y caprichosa". También había criticado abiertamente sus programas de acción afirmativa, y la infiltración del antisemitismo en las aulas. La querella, presentada en 2024, tomó fuerza después de que documentos internos del Departamento de Educación revelaran conversaciones que apuntan a una motivación política detrás del recorte de fondos.
Un nuevo capítulo en la disputa entre Trump vs. Harvard
El enfrentamiento entre el presidente y una de las universidades más prestigiosas del país escaló a niveles sin precedentes. La batalla comenzó cuando el Departamento de Educación, bajo órdenes de la administración Trump, decidió suspender temporalmente fondos destinados a programas de investigación y becas federales en Harvard. Trump argumentó que la universidad estaba utilizando fondos públicos para promover lo que llamó una “agenda ideológica radical”.
La defensa del mandatario alega que la medida fue parte de una auditoría rutinaria y que no hay evidencias de intencionalidad política. Sin embargo, la filtración de correos electrónicos internos, donde funcionarios de alto nivel expresaban su intención de “darle una lección a Harvard”, podría complicar la posición del expresidente ante la corte.
¿Cuál es el reclamo de la Universidad de Harvard?
Harvard reclama que la suspensión de fondos afectó directamente a miles de estudiantes y académicos, muchos de ellos involucrados en investigaciones clave en salud pública y tecnología. Según los abogados de la institución, la medida violó la Primera Enmienda y las disposiciones legales del Título VI de la Ley de Derechos Civiles. También, rompió normas administrativas sobre la distribución de fondos federales.
La universidad exige una restitución completa del financiamiento suspendido, así como garantías de no interferencia política futura. Además, busca una sentencia que siente un precedente para evitar que futuras administraciones utilicen el poder federal para castigar a instituciones educativas por sus valores o políticas internas.