EE. UU. enfrenta consecuencias graves por la separación de familias en la frontera, según estudio

Un informe revela que 1.360 niños y niñas siguen separados de sus padres tras la implementación de la política de 'Tolerancia Cero' en EE. UU. Las organizaciones Human Rights Watch, Texas Civil Rights Project y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Yale exigen rendición de cuentas y reparación integral para los inmigrantes afectados.

La separación forzada de familias migrantes ha dejado secuelas profundas y duraderas. A seis años de la implementación de esta política, el daño causado a los menores y sus familias es evidente, y las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense no han sido suficientes para abordar la magnitud de la crisis. El informe de 135 páginas destaca la falta de transparencia y la crueldad sistemática en el proceso de separación.

El análisis de documentos y correos electrónicos gubernamentales revela que la separación de niños y niñas fue una estrategia deliberada para disuadir a otras familias de cruzar la frontera. Esta práctica ha sido calificada como tortura y desaparición forzada, lo que plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en el país.

Las entrevistas realizadas a padres y niños revelan el trauma psicológico que ha dejado la separación. Un niño guatemalteco expresó sentirse “desesperado” tras ser separado de su padre, lo que pone de manifiesto el impacto emocional que esta política ha tenido en los menores. La angustia y ansiedad son solo algunas de las secuelas que enfrentan las familias afectadas.

La administración actual ha tomado algunas medidas para abordar el daño causado, como permitir que los padres permanezcan temporalmente en EE. UU. y acceder a servicios de salud mental. Sin embargo, estas acciones son vistas como insuficientes por las organizaciones que han trabajado en el informe. Se requiere una reparación integral y un compromiso real para evitar que estas violaciones de derechos humanos se repitan.

El informe concluye que es fundamental que el Congreso y el Poder Ejecutivo implementen medidas exhaustivas para remediar los agravios sufridos por las familias inmigrantes. Esto incluye la posibilidad de otorgar residencia permanente y garantizar la disponibilidad de servicios de apoyo. La rendición de cuentas pública y la posibilidad de procesos penales son esenciales para asegurar que estos errores no se repitan en el futuro.