¡Alarmante! Detienen a ciudadano estadounidense en Florida para entregarlo al ICE, pese a probar su nacionalidad

El 16 de abril de 2025, Juan Carlos López Gómez, un ciudadano estadounidense de 20 años, fue detenido por la Patrulla de Carreteras de Florida poco después de cruzar la frontera desde Georgia. Las autoridades lo arrestaron bajo la nueva ley estatal que criminaliza la entrada ilegal al estado, aunque esta ley está actualmente suspendida por un juez federal.

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Pruebas de ciudadanía ignoradas

Tras su arresto, la madre de López Gómez presentó al juez su certificado de nacimiento, tarjeta de identificación estatal y tarjeta de Seguro Social, demostrando su ciudadanía estadounidense. La jueza Lashawn Riggans desestimó el cargo de entrada ilegal a Florida, reconociendo que no había base legal para mantenerlo detenido.

A pesar de la desestimación del cargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó que López Gómez permaneciera bajo custodia durante 48 horas, una práctica común cuando la agencia desea tomar custodia de una persona. El ICE no ha emitido comentarios públicos sobre el caso.

Reacción pública y liberación

El caso atrajo una amplia atención mediática y de defensores de los derechos civiles, quienes cuestionaron la detención de un ciudadano estadounidense sin justificación legal. López Gómez fue liberado el 17 de abril de 2025, tras la cobertura pública y la intervención de organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida.

Según la Constitución de EE. UU., todas las personas nacidas en el país son ciudadanos por nacimiento. El ICE tiene autoridad sobre personas naturalizadas que han cometido delitos relacionados con la inmigración, pero no sobre ciudadanos nacidos en EE. UU. La aplicación de leyes estatales contra la entrada ilegal al país se ve limitada por decisiones judiciales federales que suspenden su implementación.

Este incidente subraya la importancia de la vigilancia y la transparencia en las prácticas de detención y deportación. Las autoridades federales y estatales deben garantizar que se respeten los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, evitando abusos y errores que puedan tener consecuencias graves.