Triunfo para inmigrantes: acusan al fiscal de Florida de aplicar ley que criminaliza a ilegales pese a suspensión

La Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) y la Asociación Campesina de Florida (FWAF) han interpuesto una denuncia contra el fiscal general James Uthmeier. Esta medida se produce tras la entrada en vigor de la ley SB-4C, que penaliza a las personas indocumentadas en el estado. Es importante señalar que esta legislación había sido previamente suspendida por una orden judicial, lo que genera un ambiente de controversia en torno a la situación actual.

El fiscal ha instruido a las fuerzas policiales continuar con la captura de personas indocumentadas, basándose en una normativa que castiga severamente la entrada y permanencia de migrantes en el país. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado esta acción, considerándola una resistencia ilegal que atenta contra los derechos fundamentales de los inmigrantes.

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¿Por qué suspendieron la ley que criminalizaba a inmigrantes indocumentados en Florida?

La jueza Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida, emitió una suspensión temporal a la ley SB-4CC luego de un fallo preliminar que puso en tela de juicio su constitucionalidad. Esta suspensión es una victoria trascendental para la comunidad migrante, ya que detiene la aplicación inmediata de una ley que criminaliza a quienes ingresan al estado sin documentación adecuada.

La pausa permite que el proceso legal continúe, protegiendo a las personas sin papeles de arrestos masivos y detenciones arbitrarias mientras se evalúa la validez de la ley.

¿Qué suponía la ley SB-4C en Florida?

La ley SB 4-C representaba una de las medidas más duras contra los inmigrantes en Estados Unidos. Permitía arrestar y encarcelar a cualquier persona que ingresara a Florida sin pasar por inspección migratoria, incluso si luego regularizaba su estatus o no tenía antecedentes penales.

De igual manera, obligaba a mantener en prisión preventiva a estas personas sin considerar sus circunstancias personales, afectando directamente a familias y comunidades enteras. La suspensión de esta ley, por tanto, es un respiro para miles de indocumentados, evitando que sean tratados como criminales simplemente por su estatus migratorio y garantizando mayor justicia y respeto a sus derechos humanos.