Gavin Newsom y la fuerte medida de emergencia en Los Ángeles para bloquear la intervención militar de Donald Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, junto con el fiscal general Rob Bonta, solicitaron urgentemente a un tribunal que detenga la militarización innecesaria de Los Ángeles ordenada por la administración de Donald Trump. Esta acción busca proteger a los ciudadanos estadounidenses y preservar la prohibición fundamental de la ley marcial durante tiempos de paz.

La solicitud se presentó para impedir que el gobierno federal extienda la misión militar en Los Ángeles, que actualmente incluye actividades de aplicación de la ley migratoria en comunidades locales, una tarea que los funcionarios estatales consideran ilegal y peligrosa para la democracia. En esta nota te comentamos más al respecto.

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Gavin Newsom critica la militarización ilegal en Los Ángeles

Según un comunicado emitido por el gobierno de California, el despliegue de 4,000 soldados adicionales de la Guardia Nacional y de la Infantería de Marina en Los Ángeles fue ordenado sin la aprobación del gobernador Newsom, violando la ley federal que requiere su consentimiento para federalizar la Guardia Nacional.

Esta acción, declarada como una respuesta a una supuesta “rebelión” contra el gobierno, no fue justificada ni necesaria. Además, el Departamento de Defensa amplió la misión de estas fuerzas para que apoyen a agentes de ICE en actividades de detención y arresto en la comunidad, lo que representa una clara infracción de la Constitución y los derechos civiles, ya que el ejército no está autorizado para realizar funciones de policía civil.

La situación actual de Los Ángeles a raíz de la intervención militar

La militarización ha provocado un aumento en las protestas, que pasaron de 250 a más de 3,000 manifestantes tras la llegada de la Guardia Nacional. Siendo así, la presencia militar, lejos de calmar la situación, ha generado pánico y caos, desviando recursos estatales y locales que han tenido que reforzar la seguridad pública para contener la crisis.

Mientras los soldados mantienen vigilancia en edificios federales, los oficiales estatales y locales continúan controlando el orden en las calles. La intervención federal, considerada imprudente y no coordinada, ha exacerbado tensiones y afectado negativamente la convivencia en la comunidad.