Parole in Place para inmigrantes indocumentados: ¿qué ocurrirá con las solicitudes enviadas en septiembre?

El programa Parole in Place (PIP) brinda una oportunidad esencial para que los inmigrantes indocumentados regularicen su estatus sin necesidad de salir de Estados Unidos. En septiembre, se ha registrado un aumento en las solicitudes para este programa, lo que ha generado inquietud debido a su suspensión temporal. A continuación, explicamos los cambios en el procesamiento de solicitudes y cómo podrían afectar a quienes están esperando una respuesta.

El juez J. Campbell Barker, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Texas, ha prolongado el bloqueo temporal de la política migratoria del Parole in place hasta el 23 de septiembre para permitir la presentación de argumentos legales y una posible audiencia. También se señaló que el tribunal busca conservar todas sus alternativas. Es decir, si los estados prevalecen en su demanda, el juez desea tener la capacidad de anular por completo los efectos del programa.

Anteriormente, el mismo juez había impuesto una suspensión de 14 días a finales del mes pasado, impidiendo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) procesara solicitudes o emitiera permisos bajo la nueva normativa. Sin embargo, el Servicio de Inmigración de EE.UU. (USCIS) puede seguir aceptando formularios I-131F de inscripción al programa, pero no procesar y adjudicar las solicitudes de libertad condicional.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revisará las solicitudes de todos los casos migratorios para determinar la elegibilidad de los extranjeros. Por ello, entre los requisitos establecidos para postular al programa Parole in Place se encuentran:

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimaba antes de la suspensión temporal del programa, que más de 500,000 adultos y alrededor de 50,000 menores podrán solicitar este permiso. La mayor parte de estos solicitantes proviene de México o de países situados en el norte de Centroamérica.

Cabe mencionar que dicha suspensión se dio a finales de agosto por un juez en el estado norteamericano de Texas como respuesta a una demanda interpuesta por 16 estados liderados por republicanos contra el Departamento de Seguridad Nacional y otros funcionarios de la administración Biden. El principal argumental era que se estaba incentivando la inmigración ilegal a través de esa gestión migratoria.