Buenas noticias, inmigrantes: se decidió demandar a Donald Trump por sus políticas migratorias

El 20 de enero, diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes interpusieron una demanda contra la administración de Donald Trump, debido a una orden ejecutiva que pretende eliminar la ciudadanía por nacimiento. Activistas y especialistas en derecho han denunciado esta medida como inmoral y una flagrante violación de la Constitución.

La demanda contra Donald Trump fue presentada por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Asian Law Caucus, el State Defensores de la Democracia y el Legal Defense Fund. Estas entidades actúan en nombre de familias cuyos hijos nacidos en Estados Unidos se verían privados de su ciudadanía bajo la nueva orden del presidente Trump, una medida que va en contra de la 14ª Enmienda y más de un siglo de precedentes legales.

Los grupos demandantes argumentan que la orden no solo infringe los derechos constitucionales de los niños nacidos en el país, sino que también establece un precedente peligroso para la sociedad al privar de derechos fundamentales a una parte de la población.

Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU, expresó que negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos es inconstitucional y un rechazo directo a los valores significativos de la nación. Según Romero, la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido uno de los pilares que ha fortalecido al país norteamericano, y esta orden de Trump podría marcar un grave error histórico al crear una subclase de personas nacidas en EE. UU. privadas de derechos.

Por su parte, los grupos que respaldan la demanda advirtieron sobre el impacto negativo que la orden ha generado entre los futuros padres, creando inseguridad sobre el futuro de sus hijos nacidos en Estados Unidos. Theo Oshiro, codirector ejecutivo de Make the Road New York, subrayó que la ciudadanía por derecho de nacimiento es fundamental para la democracia, y que negar este derecho a los hijos de inmigrantes es una violación de los principios de justicia, igualdad e inclusión.

La orden de Trump fue parte de una serie de medidas en el ámbito de la inmigración tomadas el primer día de su segundo mandato, las cuales incluyeron una declaración de emergencia para fortalecer el control en la frontera sur y la suspensión de programas de refugiados, afectando a miles de personas de manera inmediata.

Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Derecho Migratorio, afirmó que las políticas de Trump amenazan no solo a los inmigrantes, sino también a la democracia, exhortando a la población a movilizarse para proteger ambas.

Este asunto representa una lucha importante para la comunidad inmigrante, que lo ve como un intento por proteger derechos fundamentales y los principios que han convertido a Estados Unidos en una nación fuerte y dinámica.