Duro revés para Donald Trump: juez frena su ofensiva contra las agencias del gobierno de Estados Unidos

La jueza federal en California, Susan Illston, ha asestado un duro revés a la administración de Donald Trump al ordenar la suspensión temporal de su plan para reducir la fuerza laboral de varias agencias del gobierno. La orden se emitió en respuesta a una demanda presentada por sindicatos y ciudades, que cuestionan la legalidad de los recortes masivos impulsados por el jefe de Estado bajo una orden ejecutiva firmada en febrero.

Esta es una de varias batallas legales que enfrenta el presidente de Estados Unidos por sus intentos de achicar lo que considera un gobierno federal “excesivo y costoso”. En esta nota te comentamos más sobre esta medida.

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¿En qué se centró la decisión de la jueza en contra de las políticas de Donald Trump?

Según American Press, la jueza Illston argumentó que el presidente no puede reestructurar las agencias creadas por el Congreso sin contar con su aprobación, ya que así lo establece la Constitución. En su orden de restricción temporal, que tiene una vigencia inicial de 14 días, ordenó detener los despidos y reorganizaciones derivados de la orden ejecutiva, especialmente en los departamentos donde los recortes ya estaban en marcha.

Aunque no obliga a recontratar a quienes ya fueron despedidos, la medida impide a varias agencias —incluidas Agricultura, Energía, Estado, Seguridad Social y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA)— avanzar en nuevas reducciones sin respaldo legislativo. Asimismo, citó ejemplos concretos del impacto negativo: desde miles de despidos en salud pública hasta retrasos en inspecciones agrícolas y demoras en el sistema de beneficios sociales.

¿Por qué Donald Trump desea reducir drásticamente la presencia de agencias federales?

Donald Trump ha defendido su plan como parte de su mandato para reformar el aparato estatal y reducir el tamaño del gobierno federal, al que acusa de ser burocrático, ineficiente y demasiado costoso. Designó a Elon Musk para encabezar esta reestructuración a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Desde la implementación de la orden ejecutiva, decenas de miles de empleados han sido despedidos, suspendidos o inducidos a renunciar mediante programas especiales.

Aunque el gobierno afirma que las medidas solo establecen principios y buscan fomentar la participación legislativa, los demandantes sostienen que las decisiones se están ejecutando sin diálogo ni aprobación formal. Según sus abogados, Trump y sus colaboradores están actuando fuera de sus atribuciones legales al aplicar recortes sin el debido proceso.