Trágica noticia para inmigrantes: aprueban ley que facilita su DEPORTACIÓN y detención hasta 48 horas extras en este estado

En los últimos días, los legisladores de Carolina del Norte están impulsando nuevas regulaciones migratorias que afectarán negativamente a los inmigrantes indocumentados. En una última sesión, el Comité Judicial del Senado aprobó el Proyecto de Ley HB 318, conocido como la "Ley para el Control de Inmigrantes Ilegales Criminales".

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Esta propuesta tiene como objetivo implementar medidas más estrictas en torno a la inmigración ilegal y su relación con actividades delictivas, lo que podría generar un clima de incertidumbre entre los afectados.

Aprueban ley que facilita su deportación y detención hasta 48 horas extras en este estado

La propuesta que ofrece el Proyecto de Ley HB 318, tiene como objetivo ampliar los criterios para la detención de inmigrantes sin documentos, lo que autorizaba a las autoridades detener a estas personas por 48 horas, si no pueden corroborar su estatus migratorio.

Con esta radical medida, se busca proporcionar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el tiempo necesario para llevar a cabo los procesos de deportación correspondientes en esta región.

Vale precisar que la ley HB 318 establece que, en situaciones donde un juez o magistrado no logre verificar el estatus migratorio de una persona detenida por un delito grave o por conducir bajo los efectos del alcohol, se deberá retener a dicha persona durante dos horas adicionales.

Este tiempo se destina a consultar a ICE y confirmar si existe una orden de detención. Y si se verifica la orden, estará arrestado por 2 días, facilitando así la recogida por parte de ICE para su deportación.

Autoridades debaten esta polémica propuesta de ley en Carolina del Norte

La implementación de esta ley ha suscitado un cuestionado debate. Por ello, Carson Smith, representante republicano por Pender y exsheriff, respalda la normativa, argumentando que busca "aclarar y realizar algunos cambios" en la legislación original para asegurar que los inmigrantes indocumentados que cometen delitos graves sean detenidos y entregados a ICE.

No obstante, quienes se oponen a la ley advierten que podría constituir una violación de derechos constitucionales y un abuso de poder, ya que obliga a las autoridades locales a colaborar con ICE, incluso en casos donde los cargos han sido desestimados o la persona ha sido exonerada.