Juez aprueba el polémico registro de indocumentados impulsado por Donald Trump: ¿Qué implica para los inmigrantes?
Un juez federal autoriza la implementación del polémico registro de indocumentados, una medida que obligará a inmigrantes a registrar sus huellas dactilares.
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Un juez federal de EE. UU. ha aprobado una de las medidas más controvertidas impulsadas por la administración de Donald Trump en el ámbito de la inmigración: el registro obligatorio de los indocumentados. Esta decisión, emitida el 11 de abril de 2025, obliga a los inmigrantes sin documentos legales que hayan estado en el país por más de 30 días a registrarse en una base de datos federal, lo que incluye la entrega de huellas dactilares y datos personales. La medida ha generado reacciones polarizadas en todo el país, con fuertes críticas de las organizaciones de derechos humanos.
¿Qué implica esto para los inmigrantes?
El fallo fue emitido por el juez Trevor Neil McFadden, quien fue nominado por Trump en 2017. McFadden basó su decisión en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que data de la década de 1940. Según el juez, la ley permite este tipo de registros para facilitar la identificación de inmigrantes indocumentados y gestionar las políticas migratorias de manera más eficaz. Sin embargo, defensores de los derechos humanos sostienen que esta medida abre la puerta a abusos, como la detención masiva y la separación de familias.
Según las disposiciones del registro, los inmigrantes indocumentados mayores de 14 años deberán registrarse y proporcionar información biométrica. Aquellos que no cumplan con esta obligación podrían enfrentar severas sanciones, como multas de hasta 5,000 dólares o incluso prisión de hasta seis meses. Para los que ya se encuentran registrados en otros programas migratorios, como aquellos con visas o refugio, no será necesario realizar el registro nuevamente.
El gobierno de Trump ha defendido la medida como un paso necesario para cumplir con sus políticas de "autodeportación".
El gobierno de Trump ha defendido la medida como un paso necesario para cumplir con sus políticas de "autodeportación" y de refuerzo de la seguridad fronteriza. Según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el objetivo es obtener una base de datos completa de los inmigrantes sin estatus legal, lo que facilitaría la aplicación de las leyes migratorias y aceleraría los procesos de deportación.
Sin embargo, esta medida ha desatado un fuerte rechazo en la comunidad inmigrante y en organismos internacionales. Activistas de derechos civiles argumentan que el registro representa una violación de las libertades individuales y un intento de criminalizar a quienes no tienen documentos, independientemente de su tiempo de residencia en EE. UU. Además, la preocupación radica en la posibilidad de que esta política resulte en la deportación de millones de inmigrantes que han vivido en el país durante años sin generar problemas.
El registro es visto por algunos como un regreso a políticas del pasado, similares a las que se implementaron tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se utilizaron medidas de registro para comunidades específicas, como los ciudadanos de países árabes y musulmanes. En aquel entonces, se produjo una ola de deportaciones masivas, lo que generó un clima de temor y desconfianza en la comunidad inmigrante.
Ahora, la administración de Trump enfrenta la posibilidad de que su medida sea bloqueada en los tribunales. Grupos de derechos humanos ya han anunciado que apelarán la decisión y seguirán luchando contra lo que consideran un ataque directo a los derechos de los inmigrantes.
