¡PRESTA ATENCIÓN! Esto es lo que deben saber los inmigrantes indocumentados sobre la nueva medida del IRS en EE. UU.

A partir de una nueva colaboración entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se enfrentan a una nueva amenaza. Desde ahora, el IRS compartirá ciertos datos fiscales con ICE, lo que podría facilitar la identificación de personas con estatus migratorio irregular.

La medida ha sido anunciada en el contexto de un endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Joe Biden, que sigue generando controversia. El intercambio de información permitirá que ICE acceda a datos de los impuestos que los inmigrantes han pagado, lo que podría ser utilizado para realizar detenciones o iniciar procedimientos de deportación.

A pesar de que el IRS asegura que no tiene como objetivo colaborar directamente con ICE en la detención de inmigrantes, la preocupación radica en cómo esta información podría ser utilizada para fortalecer las acciones migratorias. Expertos legales y activistas por los derechos de los inmigrantes advierten que esto pone en riesgo a miles de personas que han trabajado y contribuido al sistema tributario del país.

Muchos inmigrantes indocumentados temen que esta medida los haga más vulnerables a la detención, especialmente aquellos que han estado pagando impuestos utilizando un número de identificación de contribuyente individual (ITIN). Aunque este número no garantiza estatus legal, los inmigrantes que lo poseen suelen estar trabajando de manera legal, pero aún así se exponen a nuevas amenazas.

Grupos de derechos civiles han señalado que esta nueva política podría fomentar el miedo y la desconfianza entre los inmigrantes, disuadiéndolos de presentar sus declaraciones de impuestos o de participar en la economía formal. De acuerdo con estos grupos, el impacto de esta medida podría ser aún más severo en comunidades vulnerables que dependen del acceso a servicios básicos.

Por otro lado, los funcionarios del gobierno aseguran que el intercambio de datos solo se realizará en situaciones específicas, y que no se utilizará de manera indiscriminada. Sin embargo, la falta de claridad y las posibles implicaciones a largo plazo siguen siendo un tema de debate entre los expertos en inmigración y derechos humanos.