La administración del presidente de Estados Unidos presentó una demanda contra un grupo de jueces que impide la deportación inmediata de inmigrantes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca imponer sus decisiones en materia de política migratoria. Prueba de ello es la denuncia presentada por la Casa Blanca contra 15 jueces federales en Maryland, luego de que estos bloquearan la expulsión inmediata de inmigrantes que presenten documentación ante el tribunal distrital.
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Esta confrontación surgió a raíz de una orden firmada en mayo por el juez George L. Russell III, que prohíbe al gobierno estadounidense deportar de manera inmediata a cualquier inmigrante que haya presentado documentación ante el tribunal del distrito de Maryland solicitando una revisión de su detención. Por su parte, el gobierno argumentó que esta suspensión en las expulsiones de indocumentados vulnera un fallo de la Corte Suprema y obstaculiza la autoridad presidencial para hacer cumplir las normativas migratorias.
La secretaria de Justicia, Pamela Bondi, expresó su molestia mediante un comunicado: "La autoridad ejecutiva del presidente Trump ha sido socavada desde las primeras horas de su presidencia por una interminable serie de medidas cautelares diseñadas para frenar su agenda". Añadió que esta decisión impide avanzar con el proyecto político respaldado en las urnas: "El pueblo estadounidense eligió al presidente Trump para llevar a cabo su agenda política. Este patrón de extralimitación judicial socava el proceso democrático y no puede permitirse".
El representante demócrata de Maryland, Glenn Ivey, se pronunció en la red social X: "Esto es absurdo y un ataque sin precedentes al poder judicial federal en Maryland. La administración de Trump no se detendrá ante nada para socavar los fallos judiciales y deslegitimar a los tribunales". Por el contrario, un portavoz del distrito prefirió no hacer comentarios sobre el tema.
La orden firmada meses atrás tiene como objetivo garantizar las condiciones necesarias para que los inmigrantes indocumentados puedan participar en los procedimientos judiciales, acceder a una defensa adecuada y dar al gobierno la oportunidad de contraargumentar. En contraste, el expresidente Trump exigió que los jueces de Maryland se aparten del caso y que un juez federal de otro estado sea designado para analizar la situación.
La demanda presentada por la administración del presidente señala: "La orden judicial automática de los demandados se emite independientemente de si el extranjero necesita o solicita un alivio de emergencia, de si el tribunal tiene jurisdicción sobre las reclamaciones del extranjero, y sin importar cuán frívolas puedan ser dichas reclamaciones. Y lo hace en el contexto de inmigración, invadiendo así los poderes fundamentales del Poder Ejecutivo". Además, el documento sostiene que esta medida obstaculiza la autoridad del presidente para hacer cumplir las leyes.
