DURO GOLPE a ICE: tribunal FRENA LA DETENCIÓN obligatoria de inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos
Un tribunal federal rechazó que ICE pueda negar automáticamente una audiencia de fianza a inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos.
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La política migratoria del gobierno de Donald Trump recibió este viernes otro revés judicial. Un panel dividido del Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones resolvió que determinados inmigrantes que llevan varios años residiendo en Estados Unidos no pueden ser privados automáticamente de una audiencia para determinar si tienen derecho a salir bajo fianza después de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El fallo representa un nuevo freno a la política de detenciones promovida por la administración.
Tribunal rechaza la detención obligatoria de inmigrantes sin derecho a fianza
La decisión se derivó de los casos de Gabriel Buele Morocho y Wanderson Lopes De Andrade, dos inmigrantes con varios años de residencia en Estados Unidos que fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Por mayoría, el tribunal determinó que la interpretación de la legislación migratoria utilizada por el gobierno no era correcta. Además, consideró que impedir automáticamente una audiencia de fianza puede entrar en conflicto con las garantías del debido proceso establecidas en la Quinta Enmienda.
La jueza Patty Shwartz, autora de la opinión mayoritaria, señaló que los inmigrantes que han desarrollado vínculos significativos con sus comunidades en Estados Unidos cuentan con determinadas protecciones constitucionales. El juez Theodore McKee respaldó esa postura.
La jueza Jennifer Mascott, designada por Trump, votó en contra. En su opinión, la resolución establece una diferencia difícil de justificar entre las personas detenidas después de ingresar al país y aquellas que se presentan ante las autoridades migratorias.
¿Qué significa el fallo para inmigrantes detenidos por ICE?
El conflicto se centra en la sección 1225(b)(2)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Desde 2025, el gobierno comenzó a utilizar esta disposición de manera más amplia para argumentar que algunos inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos podían ser considerados solicitantes de admisión y, por tanto, quedar sujetos a detención obligatoria sin derecho a fianza.
Sin embargo, varios tribunales federales rechazaron esa interpretación. En Pensilvania, por ejemplo, documentos judiciales sostienen que la mayoría de las personas que ya se encuentran en Estados Unidos deberían estar sujetas a la sección 1226(a), una disposición que contempla la posibilidad de una audiencia individual para determinar si procede la libertad bajo fianza.
El fallo del Tercer Circuito supone, además, el octavo revés consecutivo para esta estrategia migratoria del Gobierno en los tribunales federales de apelaciones. La disputa podría continuar y, eventualmente, llegar a la Suprema Corte de Estados Unidos.
