Casa Blanca confirma pésima noticia para inmigrantes: deportados permanecerán en el este de África durante dos semanas

Ocho inmigrantes permanecen en Yibuti tras un fallo federal que bloqueó su expulsión desde EE. UU. hacia Sudán del Sur, informó la administración Trump. El juez Brian Murphy sostuvo que la acción del gobierno violaba una orden judicial previa. En respuesta, el presidente criticó al magistrado, quien había ordenado retener a los migrantes señalados por el gobierno por antecedentes penales graves.

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¿Por qué un juez de EE. UU. detuvo la deportación de inmigrantes a Sudán del Sur?

Según declaraciones del gobierno de los EE. UU., ocho inmigrantes con antecedentes de delitos graves fueron enviados a Sudán del Sur, nación en conflicto y con alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado, debido a que sus países natales rechazaron su retorno.

En relación con esto, el juez Murphy comentó que se les comunicó a los inmigrantes sobre su traslado "en algún punto de la noche" del lunes, fuera de las horas de trabajo habituales. El juez opinó que, sin la oportunidad de hablar con un abogado o con sus seres queridos, era inviable que los inmigrantes pudieran oponerse a ser deportados a otra nación.

En relación a esto, el juez Murphy señaló que el gobierno de Trump había incumplido un mandato judicial previo. Dicho mandato impedía trasladar individuos a naciones que no fueran las de su procedencia sin que pudieran manifestar sus miedos de ser torturados o perseguidos y sin previo aviso apropiado.

Murphy ordenó que a los individuos se les proporcionara asesoría legal y la oportunidad de plantear sus temores. Además, estableció que los deportados debían tener al menos 15 días para reabrir los procedimientos de inmigración y desafiar su deportación en caso de que el gobierno aún intentara enviarlos a un tercer país.

Reacción de la Casa Blanca ante la decisión judicial

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó la orden del juez, afirmando que era un intento de "traer a estos monstruos de vuelta a nuestro país". En sus declaraciones, enfatizó que la decisión de Murphy pone en riesgo las relaciones diplomáticas de EE. UU. con otros países y la seguridad de los agentes involucrados en el proceso de deportación.

"Ahora el juez Murphy está obligando a los funcionarios federales a permanecer en Yibuti durante más de dos semanas, amenazando nuestras relaciones diplomáticas con países de todo el mundo", expresó Leavitt.

¿Cuáles son las implicaciones legales y políticas de esta situación?

La situación ha suscitado preocupaciones sobre el cumplimiento de los derechos humanos y el debido proceso en el contexto de las deportaciones. Murphy subrayó que "las acciones del departamento son indudablemente violatorias de la orden de este tribunal", lo que plantea interrogantes sobre la legalidad de las políticas de inmigración actuales y su impacto en las personas afectadas.