Hawái se suma a la lista de estados que han interpuesto una demanda contra Trump por la divulgación de información clave sobre los beneficios con ICE.
Aviso importante: este lunes 3 de agosto, de Hawái se incorporó a una coalición de estados estadounidenses, encabezada por demócratas, para presentar una demanda contra la administración Trump. Esta acción legal se origina a raíz de una nueva política que otorga a las autoridades federales de inmigración la capacidad de acceder a información sobre familias de escasos recursos que reciben asistencia económica.
Cabe precisar que esta medida ha generado gran preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que podría tener un impacto negativo en la participación de estas familias en programas de apoyo. ¿A qué inmigrantes afecta más la medida?
Star Advertiser compartió más datos sobre esta reciente demanda judicial, la cual marca un nuevo capítulo en la disputa legal sobre el acceso de funcionarios de inmigración a información personal sensible de millones de ciudadanos, que se encuentra en manos de diversas agencias gubernamentales.
Hawái se suma a los estados que demandan a Trump por insólita razón, ¿qué pasó con ICE?
Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, expresó su preocupación al afirmar que “la administración Trump está explotando un programa diseñado para garantizar que los niños no pasen hambre y para ayudar a las familias necesitadas a salir adelante, con el fin de alimentar su campaña de vigilancia masiva”.
La acción legal se centra en una medida anunciada en junio por la Administración para Niños y Familias, parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., que permite compartir registros de familias beneficiarias del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) con otras entidades, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Este programa, que recibe financiamiento federal, destina más de 16.000 millones de dólares anuales a los estados para apoyar a familias de bajos ingresos con hijos, incluyendo asistencia económica. En la demanda presentada ante un tribunal federal en Washington, los estados argumentan que la legislación que establece el TANF asigna a los estados la responsabilidad de verificar la elegibilidad de los solicitantes, no al gobierno federal.
Sin embargo, sostienen que la Administración para Niños y Familias ha asumido una autoridad que le permite supervisar los programas TANF y compartir información sobre los beneficiarios con otras agencias, como el Departamento de Seguridad Nacional, lo que podría desincentivar a quienes cumplen con los requisitos legales de solicitar los beneficios.
Según el medio en mención, la nueva política de intercambio de datos empezará a aplicarse desde el 11 de agosto. Aunque la agencia no ofreció comentarios de inmediato tras una solicitud, ha manifestado que esta medida es esencial para determinar si los estados están verificando la ciudadanía o el estatus migratorio de los beneficiarios de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) antes de otorgarles los beneficios correspondientes.
Por su parte, los estados sostienen que esta política infringe la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución de los Estados Unidos, al desestimar las restricciones existentes sobre el intercambio de datos y al imponer condiciones arbitrarias a la financiación federal.