El organismo fiscal tiene la autoridad legal para no renovar y hasta anular los pasaportes de deudores en EE. UU. ¿Qué deben tomar en cuenta los contribuyentes?
Recibir un Aviso CP508C del Servicio de Impuestos Internos (IRS) representa una de las notificaciones más graves que se pueden recibir. Este aviso señala que tu deuda tributaria ha sido certificada ante el Departamento de Estado, lo que podría influir en la aprobación, renovación o validez de tu pasaporte en Estados Unidos. Es crucial atender este documento, ya que sus implicaciones pueden ser significativas para tu estatus migratorio y tu capacidad para viajar al extranjero.
No se trata de una simple advertencia, sino de un procedimiento formal que puede limitar tus opciones para viajar al extranjero. Es fundamental que conozcas las implicaciones de este aviso y las medidas que puedes adoptar para solucionar la situación.
Tal como señaló 'El Cronista', a través del Aviso CP508C, que es la notificación que emite el IRS, se puede informar a los contribuyentes sobre la certificación de su deuda tributaria como seriamente morosa ante el Departamento de Estado de Estados Unidos.
IRS restringirá los pasaportes de los ciudadanos que hayan recibido el Aviso CP508C, ¿por qué?
Esta certificación, que se activa cuando la deuda supera aproximadamente 66.000 dólares en 2026, habilita restricciones sobre el pasaporte del deudor. Cabe mencionar que la cifra se ajusta todos los años por inflación e incluye impuestos, multas e intereses.
La autoridad para esta acción proviene del FAST Act, una legislación de 2015 que permite al IRS coordinar con el Departamento de Estado la negación o revocación de pasaportes a quienes tienen deudas significativas. Una vez que se emite el CP508C, el Departamento de Estado impone restricciones que son las siguientes:
En términos más sencillos, los contribuyentes no podrán tramitar ni renovar su pasaporte mientras la deuda permanezca certificada y tengan ese aviso pendiente.
Asimismo, si se está solicitando un pasaporte, el Departamento de Estado generalmente puede otorgar un plazo de 90 días para resolver la situación antes de proceder con la negación de la solicitud.