Trump busca revocar la ciudadanía de 40 naturalizados en EE. UU., señalados por ocultar información o cometer fraude durante sus procesos migratorios.
El Gobierno de Donald Trump abrió una nueva etapa en su ofensiva contra ciudadanos naturalizados en Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) informó que presentó demandas civiles para iniciar procesos de desnaturalización contra 40 personas ante distintos tribunales federales, en acciones interpuestas entre el 21 de agosto y el 2 de octubre de 2026.
Las autoridades aclararon que se trata de acusaciones que aún deben ser evaluadas por los tribunales y que los demandados no han perdido automáticamente su ciudadanía americana.
Sí, pero el proceso no ocurre de manera automática. De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ), la ciudadanía de una persona naturalizada puede ser revocada cuando se determina que fue obtenida de manera ilegal o mediante el ocultamiento deliberado de información relevante o la presentación de declaraciones falsas durante el proceso de naturalización.
Los 40 casos anunciados por el Gobierno de Trump involucran a personas de distintas nacionalidades y están relacionados, según las demandas, con conductas como espionaje, homicidio, delitos sexuales, fraude migratorio o fiscal, matrimonios fraudulentos y uso de identidades falsas.
El fiscal general Todd Blanche calificó la operación como "el mayor esfuerzo de desnacionalización de la historia moderna", según un comunicado oficial del DOJ. El Departamento de Justicia sostiene que los demandados habrían ocultado información relevante a las autoridades con el fin de obtener la ciudadanía.
Es importante diferenciar esta medida de las acciones migratorias dirigidas contra inmigrantes indocumentados. En estos 40 casos, el objetivo específico son personas que ya obtuvieron la ciudadanía mediante el proceso de naturalización y cuya situación está siendo cuestionada ante los tribunales federales.
La presentación de una demanda no significa que una persona haya perdido su ciudadanía americana. Se trata de procesos civiles en los que el Gobierno debe presentar sus argumentos ante un tribunal federal. El propio Departamento de Justicia señala expresamente que las acusaciones contenidas en las demandas son alegaciones y que, hasta el momento, no existe una determinación judicial de responsabilidad en estos casos.
La ofensiva forma parte de una estrategia más amplia de desnaturalización impulsada por la Administración Trump. En agosto, el DOJ informó que, desde el 20 de enero de 2025, había presentado 123 demandas civiles de desnaturalización. En los meses siguientes, el Departamento de Justicia continuó anunciando nuevos casos.
Por ello, aunque el anuncio genera preocupación entre los inmigrantes naturalizados y otras comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, cada caso deberá resolverse de manera individual. La ciudadanía obtenida mediante naturalización no se revoca simplemente por aparecer en una demanda: corresponde a los tribunales determinar si se presentaron las circunstancias legales que permitirían la desnaturalización.