¡Otra DEMANDA PARA DONALD TRUMP! Defensores de inmigrantes están en contra de su plan para acelerar deportaciones

Luego de que Donald Trump anunciara la que aceleraría las deportaciones masivas en Estados Unidos, tres oficinas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) se pronunciaron en contra de lo propuesto por el jefe de Estado, presentando una demanda ante una Corte de Distrito en Washington.

Esta demanda fue realizada en nombre de la organización Make the Road New York, cuya labor, liderada por inmigrantes, se extiende en otros estados. Cabe mencionar que ACLU reforzó su postura argumentando que la comunidad inmigrante corre el riesgo de ser deportada sin ningún recurso legal.

La ley relacionada con la aceleración de las deportaciones masivas fue implementada durante la primera administración de Trump. En aquel tiempo, también fue desafiada por ACLU y Make the Road New York. Ahoras, tras la renovación de dicha norma, Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, se pronuncia.

"La administración del jefe de Estado quiere usar esta política para impulsar su agenda de deportación masiva y destrozar comunidades, Acelerar las deportaciones masivas le permitiría eludir el debido proceso legal y la Constitución", comentó. Posteriormente, estableció que las personas que viven en comunidades están en peligro, ya que sus familias podrían ser separadas y expulsadas sin la necesidad de un recurso legal.

La ACLU señaló que esta política tiene como objetivo deportar a inmigrantes que no puedan demostrar que han residido en el país de manera continua durante al menos dos años. Sin embargo, esto contradice el debido proceso, el cual exige que los afectados tengan una audiencia ante un juez. Por lo tanto, la demanda argumenta que esta medida viola la cláusula del proceso de la Quinta Enmienda, así como la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.

Por su parte, Arlenis Morel, codirectora de Make the Road New York, subrayó que todos tienen derecho al debido proceso, ya que se trata de un principio fundamental del gobierno. Además, afirmó que acelerar las deportaciones sin permitir que las personas sean escuchadas ante un juez no solo genera temor en las comunidades inmigrantes, sino que también aumenta el riesgo de separaciones familiares irreversibles.

Asimismo, Arthur Spitzer, de la ACLU del Distrito de Columbia, calificó esta política como injusta e inhumana. Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, también se pronunció al respecto, estableciendo que esta medida es draconiana y advirtió que tendrá graves consecuencias, como dejar a niños sin padres, familias sin sus principales sustentadores y comunidades devastadas.