La tensión migratoria en Florida crece. El gobernador Ron DeSantis ha advertido a los gobiernos locales que deben colaborar con el ICE en las deportaciones.
Únete a nuestro canal de WhatsAppEl gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha intensificado su postura contra la inmigración ilegal con una nueva amenaza dirigida a los gobiernos locales. Con el objetivo de fortalecer el control migratorio, DeSantis ha exigido que las autoridades locales colaboren de manera activa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), advirtiendo sobre posibles sanciones si no lo hacen.
Esta estrategia se presenta en un contexto de creciente conflicto en torno a las políticas migratorias del Estado, mientras que defensores de derechos civiles advierten sobre el impacto negativo que podría tener en las comunidades inmigrantes.
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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha reiterado su firme postura sobre la cooperación de los gobiernos locales con las autoridades migratorias, advirtiendo sobre posibles sanciones legales a aquellos que se nieguen a colaborar.
En un reciente foro, DeSantis subrayó que su administración cuenta con herramientas legales, incluida la posibilidad de suspender a funcionarios, para obligar a las ciudades a trabajar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta declaración surge tras la negativa del concejo municipal de Fort Myers a aprobar un acuerdo que permitiría a ICE entrenar a agentes locales para interrogar y arrestar a inmigrantes.
La postura del gobernador ha desatado un intenso debate en el estado, donde la relación entre las autoridades locales y federales en materia migratoria se ha convertido en un tema controversial. A medida que la presión sobre los gobiernos municipales crece, organizaciones de derechos civiles expresan sus temores sobre las posibles repercusiones de estas medidas.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, respaldó las advertencias de DeSantis, asegurando que Fort Myers podría estar infringiendo la ley estatal que prohíbe las "ciudades santuario". Uthmeier instó a la ciudad a corregir su postura y garantizar la colaboración de las autoridades locales con las agencias federales para la detención y deportación de inmigrantes irregulares.
Grupos de derechos civiles y defensores de inmigrantes han expresado su preocupación ante estas iniciativas, alertando sobre el riesgo de detenciones basadas en perfil racial y el posible clima de temor que se generaría en las comunidades. Además, advierten que involucrar a las autoridades locales en la aplicación de leyes migratorias desvía recursos de la lucha contra delitos locales más urgentes.
El caso de Fort Myers no es un hecho aislado. Otras ciudades de Florida también han debatido sobre la legalidad e impacto de los acuerdos con ICE. Sin embargo, DeSantis ha reafirmado su compromiso con reforzar la cooperación entre gobiernos locales y federales, destacando acuerdos recientes con agencias policiales estatales para interrogar, arrestar y entregar a inmigrantes a las autoridades federales.
DeSantis ha mostrado en el pasado su disposición a destituir a funcionarios que no se alinean con sus políticas. Ejemplos incluyen la salida de Monique Worrell, fiscal demócrata del área de Orlando, y de Andrew Warren, fiscal de Tampa, quienes fueron removidos por sus posturas en temas de procesamiento penal. Estas decisiones han sido vistas por muchos como políticamente motivadas.
Mientras Florida continúa reforzando sus políticas migratorias, el futuro de los acuerdos locales con ICE permanece incierto. Se espera que la presión sobre los gobiernos municipales para que cooperen con las autoridades federales se intensifique en las próximas semanas, lo que podría modificar considerablemente el panorama migratorio en el estado.