¡Trump vuelve a los tribunales! El Departamento de Justicia desafía a juez por la expulsión de venezolanos a El Salvador

En el marco de políticas migratorias más estrictas para asegurar la seguridad en EE. UU., Donald Trump enfrenta un nuevo revés judicial. El 21 de marzo, el presidente defendió su decisión de deportar a inmigrantes venezolanos a El Salvador, alegando su vínculo con la organización criminal El Tren de Aragua.

La situación se desarrolla tras la decisión de la administración del presidente de Estados Unidos de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, lo que ha permitido anular las órdenes del juez federal James Boasberg, quien había suspendido las deportaciones masivas. En este artículo, te ofrecemos un análisis detallado de este intenso conflicto y sus implicaciones en la política migratoria del país.

Trump tendrá que justificar la medida efectuada contra los venezolanos trasladados a El Salvador tras ser relacionados injustamente con El Tren de Aragua, pese a no contar con precedentes criminales. La defensa se efectuará frente al juez Boasberg, quien fue designado por el expresidente Barack Obama.

Según CNN en español, Boasberg se ha convertido en un problema para la administración del republicano desde que frustró temporalmente la agenda del gobierno durante los primeros meses del segundo mandato. Dichas acciones bastaron para que Trump desee apelar a la destitución del juez, obteniendo una reprimenda.

La molestia que desarrolló Trump hacia Boasberg aumentó cuando, el jueves, el juez calificó sus detalles sobre las deportaciones en cuestión como "lamentablemente insuficientes".

Boasberg, en un enfrentamiento con el Departamento de Justicia, ordenó a sus abogados justificar cómo dos vuelos de deportación realizados el sábado no violaron su orden de bloquear temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump. El juez había instruido que los aviones con inmigrantes deportados regresaran de inmediato, mientras se resolvía una impugnación legal de la ACLU y otros grupos contra la aplicación de esta ley del siglo XVIII.

Al no efectuarse el mandato del juez, la ACLU acusó a la administración de desobedecer la orden, aunque el Departamento de Justicia insiste en que no la violó. Este peló las restricciones ante el Tribunal de Apelaciones y pidió que se anulen, con una audiencia programada para el viernes.

Por su parte, la administración Trump argumenta en medios y tribunales que Boasberg se excedió en su autoridad y que su decisión no debería estar sujeta a revisión judicial. A su vez, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, criticó al juez en Fox News, afirmando que está interfiriendo en asuntos exteriores y protegiendo a personas que representan una amenaza para EE.UU. Según ella, este caso es parte de un patrón de derrotas para Trump en tribunales debido a jueces liberales.