El gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrenta un escándalo por posible malversación de fondos en su administración y campaña presidencial, lo que ha generado críticas de oponentes y aliados.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrenta una creciente controversia que amenaza con empañar su imagen y carrera política. Nuevas denuncias apuntan a una posible malversación de fondos relacionados con su administración y su reciente campaña presidencial, generando intensas críticas tanto de sus oponentes como de miembros de su propio partido.
La situación ha captado la atención nacional y plantea serias dudas sobre el manejo de recursos públicos en Florida por parte de Ron DeSantis. Mientras la presión aumenta, analistas políticos advierten que este escándalo podría afectar su futuro político y debilitar su influencia tanto a nivel estatal como en la esfera nacional.
La controversia relacionada con la Fundación Hope Florida surgió en 2024, luego de que las autoridades estatales detectaran la desaparición de una importante suma de dinero vinculada a un acuerdo con la empresa Centene Corp. De acuerdo con documentos revelados por The Hill, Florida debía recuperar 67 millones de dólares como compensación por cobros indebidos en el programa Medicaid; sin embargo, 10 millones de ese monto habrían sido desviados.
Según el acuerdo preliminar, esos 10 millones de dólares fueron transferidos a dos organizaciones sin fines de lucro. Posteriormente, parte de esos fondos terminó en manos de un comité político asociado a James Uthmeier, exjefe de gabinete de Ron DeSantis, lo que ha intensificado las acusaciones de uso indebido de recursos públicos.
Ante los señalamientos, Ron DeSantis aseguró que no tuvo participación directa en la gestión de los fondos involucrados en el escándalo. No obstante, la filtración de un borrador del acuerdo con Centene incrementó la presión sobre el gobernador en un momento crucial para sus aspiraciones políticas.
Bryan Griffin, portavoz de DeSantis, sostuvo que la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud (AHCA) fue la encargada de todo el procedimiento, aclarando que la oficina del gobernador no intervino en las decisiones relacionadas con el manejo del dinero.