Ley SAVE en Estados Unidos: ¿nueva ley impide el voto a millones de mujeres casadas?

El proyecto de ley SAVE, recientemente aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, impone requisitos estrictos de documentación para registrarse como votante, lo que podría dificultar el proceso para millones de ciudadanos estadounidenses.

En particular, las mujeres casadas que han cambiado su apellido podrían enfrentar obstáculos, ya que sus certificados de nacimiento no coinciden con sus nombres legales actuales, y el proyecto no contempla certificados de matrimonio como prueba válida de identidad.​

El proyecto de ley SAVE, aunque no prohíbe directamente el voto de las mujeres casadas, impone obstáculos significativos al requerir documentación que muchas no poseen, como actas de nacimiento que no coinciden con sus nombres actuales. Esto afecta potencialmente a 69 millones de mujeres en EE. UU. que han cambiado su apellido tras casarse. La alternativa, un pasaporte, no está al alcance de todos por su costo y tiempo de entrega.

A pesar de que la ley permite a los estados establecer sus propios criterios, no asigna fondos para implementar estos cambios, complicando aún más el proceso de registro. Una enmienda propuesta por la congresista Maxine Dexter, que buscaba suspender la ley hasta evaluar su impacto en las mujeres casadas, fue bloqueada por los republicanos, lo que intensifica las preocupaciones sobre el acceso equitativo al voto.

La Ley SAVE (Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses) busca exigir pruebas presenciales de ciudadanía para registrarse como votante, eliminando el registro en línea o por correo. Sus impulsores aseguran que evitará el voto de no ciudadanos, aunque críticos sostienen que no hay evidencia de fraude electoral generalizado y que la ley solo complica el acceso al voto para ciudadanos legítimos.

Uno de los principales puntos de controversia es cómo la ley afectaría a mujeres casadas, cuyo nombre actual puede no coincidir con el de su acta de nacimiento, dificultando así el proceso de verificación. Aunque la ley permite el uso de pasaportes o tarjetas de naturalización, millones de personas no cuentan con estos documentos, y además, los trabajadores electorales podrían enfrentar prisión si no cumplen estrictamente con sus parámetros.