ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump envía extranjeros a países que RECOMIENDA EVITAR a sus propios ciudadanos

La política migratoria de la administración de Donald Trump vuelve a generar controversia por las deportaciones a terceros países, una práctica que permite enviar a inmigrantes a naciones con las que no necesariamente tienen vínculos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan que algunos de esos destinos se encuentren entre los países que el propio Gobierno de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos evitar por razones de seguridad.

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EE.UU. envía inmigrantes a países que recomienda evitar a sus propios ciudadanos

De acuerdo con información publicada por Times of San Diego, abogados y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos que enfrentan algunos inmigrantes en Estados Unidos que son enviados a terceros países, especialmente aquellos que no son ciudadanos ni residentes de las naciones receptoras.

La abogada Alma David, quien participa en acciones legales contra esta práctica, aseguró que algunos de sus clientes enviados a la República Centroafricana fueron presuntamente detenidos por policías locales con fines de extorsión. "Son llevados a estaciones de policía y encerrados en celdas. En algunos casos, les dicen que, si no pagan dinero, permanecerán detenidos durante meses", declaró David, según Times of San Diego.

La información recopilada por Human Rights First y Refugees International señala que el Gobierno de Estados Unidos tiene acuerdos con 36 países para recibir a personas que no son ciudadanas ni residentes de esas naciones.

El dato que ha despertado mayor preocupación es que cinco de esos países tienen una alerta de viaje de Nivel 4, "No viajar", la categoría más severa del Departamento de Estado. Se trata de la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Libia, Sudán del Sur y Uganda. Otros cinco países aparecen bajo la categoría de Nivel 3, "Reconsiderar el viaje", mientras que algunas zonas de varios de ellos también tienen advertencias de Nivel 4.

En otras palabras, más de una cuarta parte de los países contemplados en estos acuerdos son destinos que el Gobierno de Estados Unidos considera lo suficientemente riesgosos como para recomendar a sus propios ciudadanos que no viajen allí.

Nuevos riesgos para inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo

Las organizaciones defensoras de migrantes sostienen que las deportaciones afectan especialmente a personas que ya habían solicitado protección en Estados Unidos o que habían obtenido algún tipo de protección frente a su retorno al país de origen.

Savi Arvey, directora de Políticas para los Derechos de los Refugiados e Inmigrantes de Human Rights First, cuestionó que Estados Unidos establezca acuerdos con países considerados inseguros por su propio Departamento de Estado y envíe allí a personas que previamente habían huido de la persecución o la tortura.

Los acuerdos establecen que los países receptores deben respetar las normas internacionales y garantizar que las personas deportadas no sean perseguidas ni sometidas a tortura. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos ponen en duda la eficacia de estos mecanismos para proteger efectivamente a las personas una vez que abandonan el territorio estadounidense.

Yael Schacher, directora para América y Europa de Refugees International, sostuvo que, una vez efectuada la deportación, el Gobierno estadounidense deja de asumir responsabilidad directa por la situación de esas personas.

La controversia también se relaciona con el principio internacional de no devolución, conocido como non-refoulement. Esta norma busca impedir que una persona sea enviada a un lugar donde pueda estar expuesta a persecución, tortura u otras amenazas graves.

David señaló que, en algunos casos, países como Guinea Ecuatorial, Ghana y Sierra Leona habrían enviado posteriormente a ciertos deportados a sus países de origen, pese a que estos habían manifestado temor por su seguridad. Según la abogada, algunos incluso habían demostrado ante jueces de inmigración estadounidenses que podían enfrentar graves peligros si eran devueltos.

La discusión involucra tanto a inmigrantes indocumentados como a personas que habían solicitado asilo o contaban con algún tipo de protección migratoria. Ante esta situación, organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran que la política de deportaciones aplicada durante la administración de Donald Trump debería contar con mayores salvaguardas para impedir que los extranjeros sean enviados a países o lugares donde puedan enfrentar nuevos peligros. La información fue publicada inicialmente por Times of San Diego a partir de un reportaje elaborado por Capital & Main y difundido con autorización del medio.