ATENCIÓN, inmigrantes: Corte de apelaciones NO retira orden que prohíbe deportaciones bajo ley de guerra en EE. UU.

¡Último momento! Un tribunal federal de apelaciones decidió confirmar hoy, miércoles 26 de marzo, una resolución que prohíbe al gobierno de Estados Unidos deportar a migrantes venezolanos hacia El Salvador, basándose en una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. Esta determinación refuerza la salvaguarda de los inmigrantes en un contexto donde su situación genera crecientes preocupaciones.

Un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia ha decidido mantener una orden emitida el 15 de marzo, que suspende temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Esta normativa, utilizada por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, permitió al gobierno de Donald Trump deportar a cientos de personas al catalogar a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza invasora mediante una proclamación presidencial.

Ante ello, el Departamento de Justicia había apelado frente a la decisión del juez federal de distrito, James Boasberg, quien detuvo las deportaciones y ordenó el regreso a Estados Unidos de aviones que transportaban a inmigrantes venezolanos.

Sin embargo, esta orden no fue ejecutada. La demanda fue presentada por abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles en nombre de cinco venezolanos no ciudadanos estadounidenses detenidos en Texas. Este caso ha suscitado un intenso debate en medio de la creciente tensión entre la Casa Blanca y el sistema judicial federal.

Las juezas Karen LeCraft Henderson y Patricia Millett decidieron rechazar la petición del gobierno para anular una orden judicial, emitiendo cada una su punto de vista. En contraste, el juez Justin Walker, designado por el expresidente Donald Trump, presentó una opinión disidente.

Millett, quien fue nombrada por el exmandatario demócrata Barack Obama, argumentó que la orden del juez Boasberg simplemente preservaba el estado actual de las cosas "hasta que se puedan resolver cuestiones legales complejas y sin precedentes" en una próxima audiencia.

Afirmó que no existía jurisdicción ni justificación para que el tribunal interfiriera en esta fase preliminar, ni para permitir que el gobierno eliminara unilateralmente las reclamaciones de los demandantes al proceder a su remoción sin el conocimiento de sus abogados o del propio tribunal.

Walker, en su disidencia, sostuvo que las denuncias de los demandantes pertenecen a Texas, donde se encuentran detenidos. También señaló que las órdenes del tribunal de distrito podrían causar un daño irreparable a negociaciones delicadas con potencias extranjeras en temas de seguridad nacional.