DeSantis lo confirmó: un nuevo centro de detención para inmigrantes indocumentados queda paralizada hasta que se llene Alligator Alcatraz

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ofreció una conferencia de prensa para presentar al nuevo director financiero del estado, el senador de Spring Hill, Blaise Ingoglia. También abordó la situación del segundo centro de detención para inmigrantes en Camp Blanding, aclarando si el proyecto seguirá adelante o quedará suspendido.

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¿DeSantis dio marcha atrás al proyecto "Camp Blanding"?

En Florida, DeSantis declaró a los medios de comunicación sobre este nuevo centro para inmigrantes: "Lo que le he dicho al DEM es que estoy dispuesto a trabajar en Blanding una vez que Alligator Alcatraz esté lleno". Esto significa que este segundo establecimiento para inmigrantes podría tener retrasos.

Además, presentó esta cárcel como un paso clave dentro de su estrategia radical de control migratorio: "Recuerden, este no es el Ritz Carlton, bien, no estamos haciendo esto solo para que la gente tenga comida y refugio… está ahí para ser un centro de procesamiento rápido para que puedan, tenemos una pista allí mismo, simplemente puedan volar de regreso a su país de origen".

El objetivo de Camp Blanding es albergar como máximo a 2,000 inmigrantes detenidos. Sería un centro de apoyo para Alligator Alcatraz, que ya comenzó a recibir a un primer grupo de detenidos. Además, DeSantis confrontó a sus opositores: "¿Alguna vez has visto a estos demócratas de Florida luchar tan duro por ti como ciudadano estadounidense? No lo he visto. De hecho, se han opuesto a casi todo lo que hemos hecho durante todos estos años, y aun así luchan con uñas y dientes para que no se deporte a los inmigrantes ilegales a su país de origen".

Detenidos en Alligator lcatraz

Informes de la zona indican que habría aproximadamente 750 detenidos de origen extranjero en este nuevo centro de detención. Dentro de este grupo se incluyen más de 250 personas que aún no tienen una condena penal ni enfrentan cargos pendientes en el país. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y la gestión de estos centros, así como sobre el impacto que podría tener en las comunidades locales y en la política migratoria del estado.