Se confirmó la peor noticia para inmigrantes: gobernadora firmó 2 nuevas leyes que los dejarán sin protección en EE. UU.
Una gobernadora de Estados Unidos decidió aprobar dos legislaciones que aumentan el control migratorio con la intención de combatir la inmigración ilegal.
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New Hampshire ha renovado su compromiso con la colaboración entre las autoridades federales y estatales en temas migratorios. La gobernadora Kelly Ayotte ha aprobado dos leyes que alteran la postura del estado hacia las ciudades santuario. Estas regulaciones, que adoptan un enfoque más riguroso, tienen como objetivo reforzar la cooperación entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta nueva realidad podría tener un impacto considerable en la vida de los inmigrantes, generando dudas sobre las dificultades que podrían enfrentar en su vida cotidiana.
Gobernadora firmó 2 nuevas leyes que dejarán sin protección a inmigrantes
La gobernadora Kelly Ayotte no pudo evitar dar un paso significativo en su gestión al cumplir una de sus promesas de campaña mediante la promulgación de dos leyes relacionadas a la cooperación con las autoridades migratorias en New Hampshire.
Las normativas HB 511 y SB 62 buscan establecer un marco legal que desincentive la formación de ciudades santuario en el estado, promoviendo una colaboración más estrecha entre las fuerzas policiales locales y el ICE.
Esta medida transforma el panorama para las personas con estatus migratorio irregular en la región del país americano. Asimismo, la ley impone restricciones sobre la investigación de la ciudadanía de las personas bajo custodia, permitiendo dicha acción únicamente si están siendo investigadas por violaciones a la ley estatal.
No obstante, se prevén excepciones para inmigrantes que sean víctimas o testigos de delitos graves, como violencia doméstica o trata de personas, a menos que existan órdenes de detención vinculadas a delitos graves o terrorismo.
¿De qué trata la Ley HB 511?
La HB 511, en especial, establece disposiciones clave para los municipios y las fuerzas del orden. Entre sus puntos destacados, se incluye la obligación de los municipios de cumplir con las órdenes de detención migratoria emitidas por ICE, siempre que su ejecución no represente riesgos para la seguridad.
Asimismo, se prohíben las políticas locales que dificulten la cooperación con las autoridades federales en materia de inmigración, evitando que las entidades locales adopten normativas contrarias a la legislación federal.
