Florida avanza en la creación de una nueva ley que penalizará la entrada de inmigrantes indocumentados al estado. ¿Qué sanciones recibirán?
ATENCIÓN. El gobierno de Florida ha reiterado su apoyo a la ley SB 4-C, que clasifica como delito menor la entrada al estado de personas sin estatus migratorio legal, a pesar de la suspensión impuesta por una jueza federal y los múltiples desafíos legales que enfrenta. Esta normativa, que fue aprobada en febrero de 2025, está bajo una orden judicial que prohíbe su aplicación.
Organizaciones civiles, como la Coalición de Inmigrantes de Florida y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), consideran que la ley sobrepasa las competencias del gobierno federal, lo que ha generado una serie de recursos legales y audiencias en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida, según reportes de 'AP News' y documentos judiciales.
El fiscal general del estado de EE. UU., James Uthmeier, presentó el pasado 30 de abril una solicitud para reactivar la aplicación de la ley mientras se apela la suspensión ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, con sede en Atlanta. Uthmeier señaló que la legislación tiene como objetivo fortalecer la seguridad pública y que no infringe la normativa federal.
La reciente promulgación de la ley SB 4-C en Florida ha suscitado un intenso debate al tipificar como delito menor la entrada o reingreso al estado de personas sin autorización migratoria, incluso si estas poseen estatus legal en otras jurisdicciones.
Esta radical normativa faculta a las autoridades estatales y locales para arrestar a quienes intenten eludir a las agencias federales de inmigración, según reportes de AP News y Fox News.
Por su parte, el gobernador Ron DeSantis ha expresado su apoyo a esta legislación, defendiendo que representa un ejercicio legítimo de la soberanía estatal en colaboración con las leyes federales de inmigración. Uthmeier, por su lado, en su solicitud judicial, argumentó que la ley estatal se alinea con los estatutos federales y no interfiere con las funciones del gobierno central.
La jueza federal Kathleen Williams emitió el 4 de abril una orden de restricción temporal que impide la implementación de la ley SB 4-C. La magistrada fundamentó su decisión en la alta probabilidad de que esta normativa fuera considerada inconstitucional, al infringir la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que confiere al gobierno federal la autoridad exclusiva en asuntos migratorios.
Posteriormente, el 18 de abril, la jueza amplió la suspensión al enterarse de que, a pesar de su fallo, agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida habían detenido a más de una docena de personas bajo la ley SB 4-C, entre ellas al ciudadano estadounidense Juan Carlos López Gómez, según informes de CBS12 News y otros medios.