¡Cuidado, inmigrantes! Las escuelas de Oklahoma podrían exigir una prueba de estatus legal al inscribir a los niños

El estado de Oklahoma está tomando una drástica medida migratoria que afectará a las familias que deseen inscribir a sus hijos en escuelas públicas. A partir de una nueva propuesta aprobada por la Junta Estatal de Educación, los padres deberán presentar pruebas del estatus migratorio legal de sus hijos para completar la inscripción.

Aunque esta medida no impide que los estudiantes sin estatus legal asistan a clases, sí obligará a las escuelas a registrar y reportar a aquellos para quienes no se presente prueba de su estatus migratorio, perjudicando a la comunidad inmigrante. En esta nota te comentamos todos los pormenores relacionados con esta controversial decisión.

La norma exige que los padres o tutores legales entreguen documentos que acrediten la ciudadanía o el estatus legal de sus hijos, tales como certificados de nacimiento, pasaportes o tarjetas de residente permanente. Si bien los niños sin documentos legales podrán continuar asistiendo a la escuela, los distritos escolares deben llevar un registro y enviar un informe al Departamento de Educación del estado sobre cuántos alumnos carecen de los documentos requeridos.

Esta medida, respaldada por el superintendente Ryan Walters, busca mejorar la asignación de recursos en las escuelas al conocer el número de estudiantes inmigrantes sin estatus legal. Sin embargo, ha generado una fuerte reacción negativa, especialmente entre maestros y grupos de derechos civiles, quienes advierten sobre el miedo y la discriminación que podría generar entre las comunidades inmigrantes.

La nueva política ha provocado controversia sobre el uso que se dará a la información migratoria recopilada. Ryan Walters ha declarado que la administración apoyará las políticas federales de inmigración y entregará la información solicitada por las autoridades, como los agentes del ICE.

Esto genera preocupaciones dentro de las comunidades inmigrantes, quienes temen que la recopilación de datos pueda ser utilizada en futuras acciones migratorias contra sus hijos y familias. No obstante, las Escuelas Públicas de Oklahoma City han señalado que no planean recolectar ni reportar el estatus migratorio de sus estudiantes, recordando que la ley federal, a través del caso Plyler vs. Doe de 1982, garantiza el derecho a la educación pública para todos los niños, independientemente de su estatus migratorio.

Con esta propuesta, Oklahoma se une a un debate más amplio sobre los derechos educativos de los inmigrantes, un tema que sigue siendo objeto de controversia y litigio en varias partes del país.