Triunfo para inmigrantes: acusan al fiscal de Florida de aplicar ley que criminaliza a ilegales pese a suspensión
En el estado de Florida acusaron al fiscal James Uthmeier por aplicar la ley SB-4C pese a haber sido suspendida por medio de una orden judicial.
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En un importante avance para la defensa de los derechos de los inmigrantes en Florida, la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) y la Asociación Campesina de Florida (FWAF) presentaron una acusación formal de desacato contra el fiscal general James Uthmeier por aplicar la ley SB-4C que criminalizaba a los indocumentados pese a haber sido suspendida.
El fiscal instruyó a las fuerzas policiales a continuar con el arresto de personas indocumentadas bajo esta ley, que criminaliza severamente la entrada y permanencia de migrantes en el estado. Esta acción es vista por defensores como una resistencia ilegal y una amenaza directa a los derechos básicos de los inmigrantes.
¿Por qué suspendieron la ley que criminalizaba a inmigrantes indocumentados en Florida?
La jueza Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida, emitió una suspensión temporal a la ley SB-4CC luego de un fallo preliminar que puso en duda su constitucionalidad. Esta suspensión es una victoria crucial para la comunidad migrante, ya que frena la aplicación inmediata de una ley que criminaliza a quienes ingresan al estado sin documentación adecuada.
La pausa permite que el proceso legal continúe, protegiendo a los inmigrantes de arrestos masivos y detenciones arbitrarias mientras se evalúa la validez de la ley.
¿Qué suponía la ley SB-4C en Florida?
La ley SB 4-C representaba una de las medidas más duras contra los inmigrantes en Estados Unidos. Permitía arrestar y encarcelar a cualquier persona que ingresara a Florida sin pasar por inspección migratoria, incluso si luego regularizaba su estatus o no tenía antecedentes penales.
De igual manera, obligaba a mantener en prisión preventiva a estas personas sin considerar sus circunstancias personales, afectando directamente a familias y comunidades enteras. La suspensión de esta ley, por tanto, es un respiro para miles de inmigrantes, evitando que sean tratados como criminales simplemente por su estatus migratorio y garantizando mayor justicia y respeto a sus derechos humanos.
