Las cárceles en Estados Unidos aceptan a más inmigrantes ilegales mientras el gobierno aumenta sus detenciones a un 20% desde enero de 2025.
En respuesta al incremento de detenciones migratorias en Estados Unidos, las cárceles privadas están expandiendo su infraestructura. GEO Group y CoreCivic, las dos compañías más grandes en este rubro, han sumado más de 6,000 camas en estados como Texas, Ohio, Nevada, Oklahoma, Misisipi, Nueva Jersey y Michigan.
Algunas instalaciones inactivas han sido reabiertas, como Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey. Casi el 90% de los detenidos por ICE están bajo custodia en centros administrados por estas empresas privadas. Conoce más sobre esta fuerte medida migratoria en esta nota.
Según NPR, desde enero, el número de personas bajo detención migratoria federal ha aumentado un 20%, superando los 48,000 individuos. Esta cifra ya sobrepasa el financiamiento disponible para ICE, pero el gobierno estadounidense ha expresado que su meta aún no se ha cumplido.
Tom Homan, encargado de la política fronteriza de la administración de Trump, afirmó que el objetivo es llegar a 100,000 detenidos. Para lograrlo, se duplicaron las cuotas diarias de arrestos migratorios, de 1,800 a 3,000, lo que ha generado una necesidad urgente de más espacio de detención.
A esto se suma la expansión del programa federal 287g, que ha permitido a más de 600 agencias policiales locales colaborar directamente con ICE, multiplicando el número de agentes de facto sin contratar nuevo personal federal.
La administración busca acelerar las deportaciones, utilizando la detención como un paso previo, no como un fin en sí mismo. Sin embargo, esto ha llevado a un aumento drástico en el número de personas atrapadas en el sistema, incluidos residentes legales e incluso ciudadanos estadounidenses.
Aunque el Congreso ya destina 3,400 millones de dólares anuales a la detención migratoria, se ha propuesto elevar esa cifra a 45,000 millones. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian condiciones precarias en los centros gestionados por empresas privadas: desde negligencia médica hasta escasez de alimentos.
También preocupa que más detenciones puedan erosionar la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades migrantes, y desviar recursos policiales de los delitos reales hacia la ejecución de políticas migratorias.