¡Atención! Jueza federal ordena a la policía local suspender la aplicación de nueva ley de inmigración en Florida

Una jueza federal en Florida ordenó suspender temporalmente la aplicación de una controvertida disposición de la ley estatal SB 1718, que permitía a la policía detener a personas por trasladar inmigrantes indocumentados. La iniciativa fue promovida por el gobernador Ron DeSantis y ha generado diversas críticas de organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos.

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Jueza federal ordena a la policía local suspender la aplicación de nueva ley de inmigración

La jueza Beth Bloom dictaminó que la sección de la ley que criminaliza el transporte de personas indocumentadas desde fuera del estado probablemente viola la cláusula de supremacía de la Constitución de EE.UU., que establece que la legislación federal prevalece sobre la estatal en asuntos de inmigración.

En su fallo, subrayó que permitir que autoridades estatales interfieran en cuestiones migratorias podría generar "confusión, detenciones erróneas y violaciones de derechos fundamentales".

La orden judicial responde a una demanda presentada por la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), el Southern Poverty Law Center y el American Inmigration Concil. Estas organizaciones argumentaron que la ley ponía en riesgo a trabajadores, familiares y ciudadanos estadounidenses al criminalizar actos humanitarios, como ayudar a alguien a llegar a una cita médica o a un templo religioso.

Por su parte, el gobierno de Florida ha defendido la legalidad de la norma, alegando que busca reforzar la seguridad fronteriza ante lo que consideran una "inacción federal". Sin embargo, la jueza cuestionó tanto la constitucionalidad como la necesidad de la medida, al señalar que el control migratorio debe ser competencia exclusiva del gobierno federal.

El fallo representa un revés para la agenda antiinmigrante del gobernador DeSantis, quien ha convertido el tema en uno de los pilares de su plataforma política. Además, plantea un precedente judicial importante frente a otros estados que podrían considerar iniciativas similares en el futuro.

La decisión judicial no invalida toda la ley SB 1718, pero sí frena la implementación de una de sus secciones más polémicas. La medida permanecerá suspendida mientras continúa el proceso judicial, que podría escalar a instancias superiores si el estado decide apelar.