USCIS acusa de contrabando a madres inmigrantes por cruzar la frontera con sus hijos y les niega este beneficio clave

Dos madres cubanas, Betsy S. desde Texas e Irianna Gilimas desde Florida, no podrán acceder a la Ley de Ajuste Cubano, a pesar de cumplir con todos los requisitos legales, como tener un permiso de permanencia temporal (Parole Humanitario) y haber esperado el período estipulado para solicitar la residencia.

¿La razón? USCIS las acusa de contrabando humano por haber ingresado a Estados Unidos con sus hijos menores cruzando la frontera sur. Esta interpretación legal las deja fuera del beneficio migratorio clave y las mantiene en un limbo legal. Todos los detalles de esta drástica situación en esta nota.

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¿Qué comentaron las madres cubanas tras esta grave acusación de USCIS?

Tras conversaciones con medios de comunicación, ambas mujeres relataron su angustiante situación. Betsy S. expresó que, aunque han seguido todos los pasos legales —incluyendo trabajar con permiso y pagar impuestos— ahora se sienten castigadas injustamente. Resalta la incertidumbre diaria: no tener una respuesta clara de USCIS, ni acceso a una licencia de conducir o estabilidad migratoria.

Por su parte, Irianna Gilimas narró el caso de su hijo de 5 años, quien sí recibió la residencia permanente debido a sus necesidades especiales, mientras que a ella y al padre del niño se les negó por "explotarlo" al cruzar juntos la frontera. Las madres coinciden en que esta interpretación legal es arbitraria y temen que se extienda a más familias cubanas en circunstancias similares.

¿Cuál es la postura de USCIS frente a este tipo de acusaciones contra inmigrantes cubanos?

Según los registros, al menos diez familias cubanas enfrentan esta misma situación legal, la mayoría procesadas por la oficina de USCIS en Spokane, Washington. Esta sostiene que ingresar por la frontera con un menor de edad constituye contrabando humano, lo que automáticamente descalifica a los padres para aplicar a ciertos beneficios migratorios, incluyendo la Ley de Ajuste Cubano.

Las resoluciones fueron firmadas por el mismo funcionario durante los años 2024 y 2025, lo que ha generado cuestionamientos sobre una posible política interna restrictiva. Varias de las familias están buscando apoyo legal y político para impugnar esta interpretación, con la esperanza de revertir los rechazos y recuperar su derecho a legalizarse.