En el juicio, Hernández-Mosqueda decidió admitir haber conspirado para facilitar el ingreso ilegal de un extranjero a EE. UU., un delito grave de clase C.
Iván Mauricio Hernández-Mosqueda es un inmigrante mexicano, ha sido condenado a 46 meses de prisión por su participación en el contrabando de inmigrantes a Estados Unidos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). La sentencia se dictó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Arizona, donde se evidenció su papel en la facilitación del cruce ilegal de más de 100 personas durante la crisis migratoria de 2024.
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Hernández-Mosqueda, quien operaba en Tucson, ha sido declarado culpable de conspiración para facilitar la entrada ilegal de extranjeros a Estados Unidos. Como resultado de su actividad delictiva, enfrentará una condena de 46 meses de prisión, además de tres años de libertad supervisada. Este delito, considerado grave, pone de manifiesto la creciente inquietud sobre las redes de tráfico humano que explotan la vulnerabilidad de los inmigrantes en busca de una mejor vida.
La sentencia de Hernández-Mosqueda es un recordatorio de las severas consecuencias que enfrentan aquellos que participan en el contrabando de migrantes.
Durante la oleada migratoria de 2024, Hernández-Mosqueda coordinó el cruce ilegal de inmigrantes, a menudo instándolos a solicitar asilo bajo pretextos falsos. Este tipo de prácticas no solo pone en riesgo la vida de los migrantes, sino que también socava el sistema de asilo, que debería proteger a quienes realmente lo necesitan.
La investigación que culminó en la condena de Hernández-Mosqueda se extendió por varios meses y fue posible gracias a la colaboración entre la Fiscalía Federal Adjunta, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson. Este enfoque integral demuestra que las autoridades están comprometidas en desmantelar las redes de tráfico humano y proteger a las personas vulnerables.
El caso de Iván Mauricio Hernández-Mosqueda resalta la importancia de un enfoque gubernamental coordinado para combatir el tráfico de personas. Las autoridades han dejado claro que no tolerarán la explotación de individuos vulnerables y que continuarán trabajando para desmantelar estas redes delictivas.
