El Departamento de Justicia advirtió que la residencia permanente puede revocarse debido a decisiones administrativas o excepciones legales migratorias.
Una reciente declaración del gobierno de Donald Trump ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito ha preocupado a millones de inmigrantes en Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, el fiscal general puede cancelar una Green Card en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su concesión. Esto ha generado gran incertidumbre sobre la estabilidad del estatus migratorio de numerosas personas en el país.
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Este argumento, presentado por la abogada Lindsay Murphy en el caso de Mohammad Qatanani, un palestino residente en Nueva Jersey desde 1996, evidencia cómo errores administrativos menores podrían justificar la revocación retroactiva del estatus migratorio, poniendo en riesgo a muchos inmigrantes.
La controversia en torno a la residencia de Qatanani se centra en la afirmación de que su estatus no estaría "oficialmente concluido" debido a supuestas omisiones, como la falta de un número de visa asignado o la ausencia de actualizaciones biométricas. Según el Departamento de Justicia, estos detalles permitirían al gobierno reconsiderar el estatus migratorio en cualquier momento bajo "circunstancias excepcionales".
Si la Corte del Tercer Circuito respalda esta interpretación, se abriría la puerta a futuras revocaciones de Green Cards, sin importar el tiempo transcurrido desde su aprobación. Esto podría generar un efecto dominó que afectaría a millones de inmigrantes en todo el país.
La reciente postura adoptada por el gobierno ha generado fuertes críticas por parte de expertos en derecho migratorio. Amelia Wilson, profesora de la Elisabeth Haub School of Law, subraya que el procedimiento para revocar una Green Card debe garantizar derechos fundamentales, como la notificación formal y el acceso al derecho de defensa. La ausencia de estas garantías esenciales podría constituir una grave vulneración de derechos básicos.
Bradford Bernstein, abogado con experiencia en inmigración, advierte que aceptar este enfoque permitiría anular residencias legales por simples errores burocráticos, sin necesidad de demostrar fraude o mala conducta. Esto, según Bernstein, socavaría la confianza en el sistema migratorio y dejaría a millones de personas en un limbo legal.
Aunque la decisión de la Corte de Apelaciones impactaría directamente en Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware, existe el riesgo de que otros tribunales comiencen a replicar esta interpretación, generando un efecto dominó en todo el país. La posibilidad de que el caso escale hasta la Corte Suprema podría establecer un precedente vinculante para todo Estados Unidos.
Dado que no se trata de una ley aprobada por el Congreso, sino de una reinterpretación administrativa, su implementación sería más ágil, aunque también resultaría más compleja de impugnar para los residentes legales.