Guatemalteco solicitó una visa para víctimas de robo, pero quedó bajo custodia de la ICE en un nuevo caso de la aplicación de la ley migratoria.
José Madrid-Leiva, ciudadano guatemalteco, esposo y padre de tres hijos que residen en Kansas, fue víctima de un asalto a mano armada en 2022. A raíz de este lamentable hecho, accedió a ciertas protecciones migratorias previstas para personas que han sufrido delitos graves en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de ello, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha generado preocupación en su entorno familiar.
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José Madrid-Leiva, llegó a Estados Unidos en busca de una vida segura y estable para él y su familia. Esposo y padre de tres hijos, se estableció en el estado de Kansas, donde intentaba construir un futuro con esfuerzo y discreción. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado en 2022, cuando fue víctima de un violento asalto a mano armada.
Tras el lamentable suceso, José pudo acceder a ciertos beneficios migratorios, entre ellos la posibilidad de solicitar una visa U, un recurso destinado a víctimas de delitos que colaboran con las autoridades y que otorga estatus legal temporal en Estados Unidos. Sin embargo, lo que ocurrió después tomó a su familia por sorpresa. En abril, su hermano Jairo se enteró de que José había sido detenido durante una parada de tráfico por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Estamos devastados”, comentó.
La esposa de José describe con angustia el impacto que la detención ha tenido en sus hijos. “Los niños no duermen. Tienen ojeras y están cada vez más delgados”, expresó, visiblemente afectada. La situación ha generado un clima de incertidumbre y desesperación en el hogar. Este caso, lamentablemente, no es aislado: representa uno de los muchos ejemplos que persisten en Estados Unidos como consecuencia de las políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump.
Rekha Sharma-Crawford, abogada de José Madrid-Leiva, está al frente de su defensa legal. Indicó que actualmente lucha por evitar su detención y deportación en un tribunal federal. Además, señaló que el caso de su cliente es reflejo de un patrón más amplio: “Estas políticas forman parte de una tendencia nacional contra los inmigrantes que se ha intensificado en los últimos años”, afirmó.
“La retórica es: ‘Estamos tratando de deshacernos de lo peor’. Pero las personas que han sido víctimas de delitos violentos no son lo peor”, enfatizó Sharma-Crawford, criticando el enfoque del gobierno hacia los indocumentados. Sus declaraciones cobran aún más fuerza frente a otras decisiones impulsadas por la actual administración, como la intención de poner fin al programa DACA, lo que pondría en riesgo de deportación a unos 350.000 migrantes venezolanos que actualmente cuentan con esa protección.