California y otros 17 estados de Estados Unidos decidieron impugnar las detenciones y últimas redadas por parte de los agentes ICE contra los inmigrantes.
Recientemente, 'Los Angeles Times' y otros medios internacionales revelaron que, California, junto a un conjunto de 17 estados, decidieron brindar su total respaldo a una demanda que pone en tela de juicio la constitucionalidad de las recientes redadas federales de inmigración en Los Ángeles, Estados Unidos.
Estos estados han solicitado a un tribunal federal que emita una orden de restricción temporal para poner fin a estas operaciones mientras se analiza su legalidad. ¿Es una buena salida para los inmigrantes indocumentados en el país americano? AQUÍ todo lo que se sabe.
En un documento presentado ante la corte, varios estados de la nación americana denunciaron las prácticas de detención llevadas a cabo por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza en Los Ángeles.
Y es que, según estos estados, los agentes, enmascarados y sin identificación, han estado arrestando a personas en comunidades locales sin justificación, lo que ha alterado drásticamente la vida cotidiana y ha comprometido la seguridad pública en esos vecindarios.
Los funcionarios estatales no dudaron en enfatizar que estas acciones han generado un clima de miedo, disuadiendo a los residentes de salir de sus hogares. Asimismo, señalaron que el impacto de estas detenciones, muchas de las cuales consideran inconstitucionales, ha transformado áreas antes vibrantes en lugares desolados, y que las tácticas de control migratorio, afectan a los indocumentados, ciudadanos estadounidenses y residentes.
Por otro lado, es bueno añadir que, este enfoque encubierto de estas redadas, con agentes vestidos de civil y fuertemente enmascarados, ha generado críticas por crear una cultura de temor y por obstaculizar la colaboración con las fuerzas del orden locales. En respuesta a ello, la administración Trump ha defendido estas acciones como parte de su estrategia de deportaciones masivas.
La entidad rechazó las acusaciones de racismo y afirmando que el uso de mascarillas por parte de los agentes es una medida de seguridad personal. Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, condenó estas prácticas, describiéndolas como parte de un patrón de ataques sistemáticos contra las comunidades inmigrantes, prometiendo que su oficina se opondrá a tales medidas.