Luis Durán Rojo afirmó que el ISC para apuestas online carece de fundamentos legales claros, al no definir adecuadamente el objeto gravado ni cumplir con principios tributarios.
El reconocido tributarista Luis Durán Rojo, profesor de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuestionó duramente la implementación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en las apuestas online. Según el especialista, este impuesto resulta inaplicable debido a inconsistencias legales y falta de claridad en la normativa.
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Durán explicó que la Ley 31557 introduce regulaciones para las apuestas deportivas y juegos en línea, categorías que, hasta entonces, no estaban reconocidas en la legislación peruana. “Si no estaban regulados, jurídicamente no existían para efectos tributarios”, aseguró, subrayando que esto imposibilita que la actividad haya estado previamente gravada.
El especialista también hizo énfasis en las definiciones incluidas en el artículo 3 de la norma, que describe por primera vez qué se entiende por apuestas deportivas a distancia y juegos a distancia. “Estamos ante un nuevo tipo de juego y apuesta que no puede incluirse en las definiciones tradicionales de juegos físicos. La ley intentó extender su alcance, pero esto va en contra del principio de reserva de ley”, agregó.
Para Durán Rojo, el problema se agrava en la base del tributo. Según él, la normativa no define adecuadamente los elementos esenciales para que el impuesto sea válido, como el objeto específico de la gravación. “No han dicho qué cosa está gravado. Sin un ‘qué’, no se puede gravar. Este impuesto está muerto”, afirmó.
Asimismo, cuestionó la base imponible definida, al señalar que no recae sobre consumos, propiedad ni renta, sino sobre movimientos en redes que no necesariamente se traducen en bienes tangibles. Esta situación, según Durán, plantea un posible conflicto de constitucionalidad.
Finalmente, el tributarista advirtió que la falta de discusión y diseño adecuado de las normas genera caos y tensiones innecesarias entre el Estado y los operadores de estas actividades. “Cuando se hacen mal las normas, el resultado es un conflicto legal que perjudica a ambas partes”, concluyó.
