Según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, se habrían creado ilegalmente cuentas para más de 1 M de repartidores, junto con Branch Messenger.
Únete a nuestro canal de WhatsAppWalmart, Branch Messenger y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) están involucradas en una disputa legal sobre las cuentas de depósito que las empresas exigirían a sus conductores. La CFPB ha demandado a Walmart en Estados Unidos, acusándola de obligar a sus empleados a utilizar cuentas bancarias proporcionadas por una fintech asociada con el gigante minorista.
Este caso sacó a la luz las prácticas empresariales de Walmart y generó dudas sobre los derechos de los trabajadores que dependen de sus servicios.
La acusación de la CFPB contra Walmart y Branch Messenger en Estados Unidos sostiene que ambas compañías abrieron cuentas de manera ilegal para que los conductores recibieran sus pagos, eliminando su opción de decidir cómo recibirlos.
En síntesis, la demanda alega que Walmart ha obligado a sus empleados a abrir cuentas bancarias particulares, lo cual podría vulnerar sus derechos al restringir su libertad para manejar sus finanzas de manera autónoma. Esto ha generado inquietud entre los defensores de los derechos del consumidor, quienes advierten sobre los riesgos de estas prácticas, que limitan las alternativas disponibles para los empleados.
La acción legal no solo pretende compensar a los trabajadores afectados, sino también sentar un precedente para regular las prácticas laborales de las empresas.
Tanto Walmart como la empresa financiera Branch Messenger negaron las acusaciones de la CFPB, argumentando que la demanda está llena de errores fácticos y exageraciones. Walmart afirmó que no se le brindó una oportunidad justa para defenderse durante la investigación. Por su parte, Branch indicó que la CFPB tergiversó los hechos y la ley, señalando omisiones intencionales para ocultar lo que consideraron un exceso de autoridad por parte de la oficina.
Walmart ha respondido defendiendo sus políticas, explicando que su objetivo es brindar a sus empleados acceso a servicios financieros. No obstante, esta polémica desencadenó una discusión más extensa sobre la responsabilidad de las grandes corporaciones en la salvaguarda de los derechos de sus trabajadores y clientes.
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