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¿La Corte Suprema se involucrará en la batalla de Trump por la Ley de Enemigos Extranjeros? Esto es lo que se sabe

La fiscal general, Pam Bondi, habría pedido a la Corte Suprema que forme parte de este enfrentamiento. Entérate de más en esta nota.

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Se pide que la Corte Suprema forme parte de la disputa entre Trump y el juez federal por las políticas migratorias de su gobierno. | Composición: Lucía Montalvo / Líbero

La fiscal general Pam Bondi ha intensificado sus críticas contra el poder judicial, señalando a jueces federales que han bloqueado iniciativas clave del presidente Donald Trump. En una reciente entrevista con Fox News, Bondi insistió en que la Corte Suprema debe intervenir para resolver las disputas en torno a la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que la Administración Trump pretende utilizar para deportaciones en masa.

Bondi argumenta que ciertos jueces están interfiriendo con la política exterior al exigir que el gobierno rinda cuentas por ignorar fallos judiciales que prohibían la expulsión de inmigrantes. En este contexto, el jefe de Estado y su equipo han redoblado los ataques contra el sistema judicial, en particular contra magistrados que han bloqueado decisiones en materia de inmigración y empleo público.

¿La Corte Suprema será parte de la disputa de Trump?

Según Noticias Telemundo, Pam Bondi aseguró que la Corte Suprema intervendrá en los litigios que enfrenta la administración Trump. Según ella, jueces de distrito están intentando usurpar funciones del Ejecutivo, lo que hace necesaria la intervención del máximo tribunal.

Uno de los puntos clave es la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorga al gobierno la facultad de deportar a ciudadanos extranjeros en tiempos de conflicto. La Administración Trump argumenta que la migración masiva representa una "invasión", justificando así la deportación de cientos de venezolanos a una cárcel en El Salvador.

El presidente ha solicitado la destitución del juez James Boasberg, quien analiza una demanda contra la aplicación de esta ley. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha enfatizado que los juicios políticos no son un método adecuado para revocar decisiones judiciales y ha subrayado que los procedimientos de apelación son el camino correcto.

Bondi también arremetió contra la jueza Tanya Chutkan, quien revisa una demanda relacionada con la eliminación de subsidios para emergencias climáticas, y contra la jueza Ana Reyes, que bloqueó temporalmente la prohibición de personas trans en las fuerzas armadas. Otro magistrado en la mira es Theodore Chuang, quien impidió el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).

A pesar de estas controversias, el equipo de Trump confía en que la Corte Suprema les dará la razón en estas disputas judiciales.

El conflicto de Donald Trump contra el poder judicial

El enfrentamiento de Trump con el poder judicial ha escalado rápidamente, con más de un centenar de demandas y fallos judiciales en su contra. Entre los casos más polémicos destaca la deportación de venezolanos a una cárcel en El Salvador, bajo el argumento de que forman parte de la pandilla Tren de Aragua. Sin embargo, no se han presentado pruebas contundentes que respalden esta afirmación, y funcionarios han admitido que algunos deportados no tienen antecedentes penales.

En su entrevista con Fox News, Bondi defendió la medida como una "estrategia de seguridad pública", aunque sin ofrecer evidencia clara de que los deportados representen una amenaza criminal. Además, la fiscal mencionó los recientes ataques contra concesionarias de Tesla, insinuando que podrían estar relacionados con el rechazo a Elon Musk, quien colabora con Trump en iniciativas de reducción del gasto gubernamental.

Sin pruebas, afirmó que estos ataques han involucrado el uso de cócteles Molotov, sugiriendo que se trata de un acto de "terrorismo doméstico". Mientras el conflicto entre Trump y el poder judicial continúa, el futuro de sus políticas sigue en juego. Aún está por verse si la Corte Suprema decidirá intervenir en estas disputas, marcando un punto de inflexión en la batalla legal del expresidente.