La ley SB4-C, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, impone sanciones severas a los inmigrantes indocumentados en Florida, que incluyen la pena de muerte.
Florida se encuentra en el centro del debate nacional sobre inmigración tras la aprobación de la controvertida ley SB4-C. Esta normativa, considerada una de las más estrictas del país, generó preocupación entre comunidades migrantes, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles. A pocos días del 18 de abril, fecha en que se decidirá si la legislación continúa suspendida o no , el ambiente en Florida es de incertidumbre.
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Miles de migrantes esperan con angustia lo que podría representar un cambio radical en su día a día. La tensión crece no solo por el endurecimiento de las sanciones, sino también por el mensaje político que esta ley transmite sobre el trato a las personas indocumentadas en Estados Unidos.
La ley SB4-C propone medidas extremadamente duras contra los inmigrantes indocumentados que ingresen o permanezcan en Florida. Una de las disposiciones más controversiales es que convierte en delito grave el simple hecho de reingresar al estado tras una deportación previa. Además, establece penas de prisión obligatorias, sin posibilidad de libertad bajo fianza ni acceso a programas de rehabilitación o desvío.
Otro punto especialmente alarmante es que la ley abre la puerta a aplicar la pena de muerte en casos de migrantes condenados por delitos considerados graves, como asesinato premeditado, tráfico de drogas en gran escala, secuestro agravado o agresiones sexuales severas. Diversas organizaciones señalan que esta ley no solo es inhumana, sino que también podría violar tratados internacionales de derechos humanos. Finalmente reincidencias en todo lo explicado puede elevar el delito a felonía de tercer grado, con penas de un año y un día (segunda condena) o dos años (tercera o más).
El 18 de abril será una fecha clave porque ese día se celebrará una audiencia judicial que definirá si la ley SB4-C puede entrar en vigor o si continuará suspendida. La normativa fue inicialmente aprobada en febrero de 2025, pero su implementación fue bloqueada por un fallo judicial de la jueza Kathleen Williams que cuestionó su constitucionalidad, al considerar que podría violar derechos fundamentales de debido proceso. La audiencia servirá para evaluar esos argumentos y decidir si el estado puede avanzar con su plan de aplicar la ley.
Para los migrantes indocumentados que viven en Florida, el fallo judicial representa mucho más que una decisión legal: es una cuestión de vida o muerte. Muchos temen ser detenidos arbitrariamente, perder acceso a servicios básicos o ser separados de sus familias. Además, hay quienes ya comenzaron a abandonar el estado por temor a represalias o deportaciones. Las comunidades migrantes, junto con activistas y abogados, se están organizando para movilizarse y dar visibilidad al impacto humano de esta legislación, con la esperanza de que la presión social pueda influir en el fallo final
