Trump anuncia la PEOR NOTICIA en Estados Unidos: impulsa drástica ley que busca embargar los bienes de inmigrantes
La administración de Trump ha lanzado recientemente una nueva iniciativa enfocada en fortalecer las políticas migratorias en Estados Unidos. AQUÍ los detalles.
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Con el objetivo de erradicar la inmigración irregular, la administración de Donald Trump implementó una nueva estrategia que permite la detención de inmigrantes indocumentados que se nieguen a abandonar el país de manera voluntaria. Esta medida no solo incluye la posibilidad de penas de prisión y multas, sino que también prevé la confiscación de bienes como parte de las sanciones impuestas a quienes infrinjan las normativas migratorias. En esta nota, más información.
Trump impulsa drástica ley que busca embargar los bienes de inmigrantes en EE. UU.
Recientemente, 'El Cronista' y otros medios internacionales, revelaron la nueva medida del presidente republicano, quien, en el contexto de su política de tolerancia cero hacia la migración, ha propuesto acciones severas que abarcan el embargo de salarios y la confiscación de bienes de inmigrantes que se encuentren en Estados Unidos sin un estatus legal.
En un comunicado reciente, el mandatario de EE. UU. advirtió que los extranjeros indocumentados que elijan no regresar voluntariamente a sus países a través del programa de autodeportación serán arrestados y deportados de forma inmediata.
En tanto, vale resaltar que esta iniciativa presenta deficiencias en cuanto a la información sobre los procedimientos legales que sustentan los embargos. Se anticipa que esta acción encontrará diversos desafíos en el ámbito judicial, donde se evaluará su conformidad con la Constitución y su adecuación a las normativas de inmigración actuales en la nación de Trump.
¿Es legal los embargos de bienes que desea imponer Trump en EE. UU.?
Por otro lado, expertos en migración han manifestado preocupaciones significativas respecto a la legalidad de la polémica medida impulsada por Donald Trump.
Las evaluaciones de estos especialistas han señalado que tal decisión podría pasar por alto disposiciones constitucionales y representar una sanción desproporcionada ante una infracción de carácter civil.
