Líderes del partido republicano buscan reactivar medidas que obliguen a las autoridades locales a colaborar con las agencias federales en el proceso de detención de inmigrantes.
En Arizona, la inmigración hacia Estados Unidos ha generado un fuerte conflicto político entre el Congreso estatal, controlado por los republicanos, y la gobernadora demócrata Katie Hobbs. Durante la sesión actual, se han rechazado múltiples iniciativas para endurecer las políticas contra la inmigración ilegal, reflejando la profunda división sobre este tema.
Los republicanos buscan aprobar leyes que obliguen a los municipios y a las agencias de seguridad a trabajar junto con las autoridades federales en el control migratorio, pero Hobbs vetó varias de estas propuestas, lo que intensificó la controversia en el estado.
La determinación de los republicanos en el Senado de Arizona por impulsar una política migratoria más estricta se ha manifestado en diversas iniciativas. Un ejemplo palpable de esta estrategia fue la introducción del Proyecto de Ley 1164 del Senado, conocido como la Ley AZ ICE.
Esta propuesta, presentada por el presidente del Senado, Warren Petersen, habría permitido a las agencias de seguridad establecer acuerdos con agencias federales, incluidos los convenios 287(g). Dichos acuerdos facultan a las fuerzas policiales estatales para realizar funciones específicas de los agentes federales de inmigración y recibir la capacitación correspondiente.
No obstante, la gobernadora Katie Hobbs ejerció su derecho de veto sobre esta legislación el 18 de abril, señalando que no desea añadir cargas adicionales a las fuerzas de seguridad locales.
Aparte de la Ley AZ ICE, otros legisladores republicanos presentaron proyectos de ley que buscaban apoyar los esfuerzos federales de deportación. Entre ellos se encuentra:
La gobernadora Hobbs ha justificado sus vetos argumentando que no desea que los funcionarios locales reciban "órdenes" de Washington D. C. Su portavoz, Christian Slater, destacó el trabajo de la gobernadora en colaboración con el gobierno federal para asegurar la frontera y combatir el narcotráfico, citando el despliegue de la Guardia Nacional a través de la Task Force SAFE.
Mientras tanto, los republicanos han criticado la postura de Hobbs, señalando un posible desajuste con la opinión de los votantes de Arizona en cuanto a la aplicación de la ley de inmigración ilegal.
A pesar de estos desacuerdos legislativos, las operaciones federales de inmigración continúan en Arizona, con agentes de ICE realizando arrestos en el tribunal de inmigración de Phoenix, focalizando a individuos que ingresaron a Estados Unidos en los últimos dos años.