Es oficial en Florida: gobierno de Ron DeSantis pide a la Corte Suprema el permiso para aplicar esta controvertida ley de inmigración
El estado de Florida, representado por DeSantis, presentó la solicitud el 23 de junio para poder erradicar a la mayor cantidad de inmigrantes ilegales.
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Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, ha dado un paso más en su disputa contra la inmigración indocumentada. El 23 de junio, el gobierno estatal presentó una petición de emergencia para que la Corte Suprema de Estados Unidos autorice la entrada en vigor de una polémica ley de inmigración, actualmente bloqueada por orden judicial. ¿En qué se centra detalladamente? ¿Quiénes se pronunciaron en contra? Aquí te comentamos.
¿En qué se basa la polémica ley de inmigración de Florida?
La ley impulsada por DeSantis convierte en delito grave la entrada de ciertos inmigrantes indocumentados a Florida. El fiscal general del estado, James Uthmeier, defendió la norma ante la Corte Suprema argumentando que se trata de una herramienta necesaria para proteger a los floridanos frente al "diluvio de inmigración ilegal".
Según Uthmeier, si los estados no pueden criminalizar actividades que perjudican a sus comunidades, entonces su poder policial sería una ilusión. También afirmó que la prohibición judicial debería limitarse a él y a unos pocos fiscales, y no aplicarse a todos los cuerpos policiales del estado.
Críticas en contra de la controversial ley migratoria en Florida
Ante esta propuesta, las críticas no se han hecho esperar. Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, como la Coalición de Inmigrantes de Florida y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, junto a demandantes individuales, han tachado la ley de inconstitucional.
Afirman que esta invade competencias federales, violando la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que reserva al gobierno federal el control exclusivo sobre las políticas migratorias. “Es hora de que los estados reciban el mensaje: las leyes de inmigración estatales son ilegales”, advirtió Cody Wofsy, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
La jueza federal Kathleen Williams ya suspendió la ley temporalmente, al considerar que probablemente entraría en conflicto con la autoridad migratoria federal, decisión que fue respaldada por un tribunal de apelaciones en Atlanta.
